Dura respuesta de la Provincia al proyecto libertario que busca cobrar la salud a extranjeros

El gobierno bonaerense salió al cruce de la iniciativa impulsada por legisladores de La Libertad Avanza y el PRO para arancelar la atención médica a extranjeros no residentes. “Racismo, mentiras y desconocimiento”, resumió el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, al rechazar de plano la propuesta.

Un grupo de diputados provinciales presentó un proyecto para cobrar las prestaciones a quienes no tengan residencia en el país, con el objetivo de destinar los fondos recaudados a insumos y obras en los hospitales. Sin embargo, la respuesta oficial no se hizo esperar.

¿Qué dice el informe que citó Kreplak?

El ministro apeló a un documento de la agrupación Soberanía Sanitaria para desmentir el supuesto impacto de la atención a extranjeros. Según ese análisis, de 1.449.606 consultas digitales en la provincia, solo 3.210 fueron de personas no residentes, es decir, apenas el 0,2% del total.

En cuanto a internaciones, los números son igual de contundentes: en 2023, de más de un millón de pacientes hospitalizados en efectores bonaerenses, apenas 8.970 eran extranjeros sin residencia, lo que representa un 0,8%.

“No existen extranjeros no residentes que utilicen nuestro sistema de salud por cosas no urgentes”, afirmó Kreplak, y calificó la iniciativa como “una acción racista, discriminatoria y de nulo impacto”.

“Sin pisar un hospital público”

El funcionario fue aún más duro al referirse a los autores del proyecto: “Sin conocer el funcionamiento del sistema, sin saber lo que es estar en una guardia y sin haber pisado un hospital público en sus vidas, quieren responder acusaciones racistas arancelando la salud a extranjeros”. La polémica se da en el marco de las denuncias de racismo surgidas tras el Mundial, que el gobierno considera infundadas.

El informe citado sostiene que “la utilización de prestaciones sanitarias que realizan personas no residentes es muy baja e insignificante sobre el financiamiento del sistema”, y advierte que el debate real debería centrarse en los problemas estructurales de la salud pública, no en un “discurso estigmatizador”.

“En un país con un sistema de salud construido sobre los principios de universalidad y no arancelamiento, estas discusiones implican un retroceso con fuertes componentes discriminatorios”, concluye el documento.