Dueño de concesionaria enfrenta pedido de prisión preventiva: la estafa que crece con cada denuncia

La Fiscalía pedirá prisión preventiva para el dueño de una concesionaria acusado de estafar a clientes. ¿Qué pasó con los vehículos consignados? Los detalles de una causa que crece con cada denuncia.

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Dueño de concesionaria enfrenta pedido de prisión preventiva: la estafa que crece con cada denuncia

La Fiscalía pedirá este viernes la prisión preventiva para el propietario de una concesionaria, acusado de estafar a múltiples clientes en operaciones que nunca se concretaron. El imputado, Alberto Abdón Juárez, está detenido desde fines de abril y enfrenta cargos por desbaratamiento de derechos acordados, estafa y defraudación.

¿Cómo comenzó la investigación?

Todo inició con la denuncia de Gianina Paola Donis, quien en julio de 2025 vendió un departamento en el barrio Ramón Carrillo y recibió como parte de pago dos vehículos: una Renault Máster DCI 120 modelo 2008 y un Volkswagen Vento 2.5. Ambos rodados tenían desperfectos, por lo que los consignó en la concesionaria de Juárez, ubicada en calle Libertad al 1500, mediante un contrato de consignación.

Según la acusación, los vehículos fueron retirados sin autorización ni conocimiento de la propietaria, dejando sus derechos en una situación incierta. La fiscal Luján González Garay lidera la investigación que se fue ampliando con nuevas denuncias.

Un perjuicio millonario y múltiples damnificados

Mientras Juárez permanecía detenido, se multiplicaron las denuncias en su contra, lo que llevó a acumular expedientes de otros fiscales. La jueza de Control y Garantías, Carolina Salas, presidirá la audiencia de este viernes a las 9 para definir la situación del acusado.

Entre los damnificados que participarán, representados por sus abogados, se encuentran Gianina Donis, Juana Celia Hoyos, Gabriel Ruiz, Emiliano Chapa, Noé Villavicencio, Hernán Gorostiza, Juan Castillo, Claudia Burgos, Emanuel Domínguez, Fernando Morales y Cristian Juárez. El perjuicio total estimado ronda los $100 millones.

El debate se anticipa intenso y con fuerte eje económico, ya que las víctimas buscan recuperar las sumas invertidas o la restitución de los vehículos.

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