Dos vocales del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz apuntaron a áreas de sus propias colegas: el informe que llegó a la Legislatura
Dos vocales del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz firmaron un informe y lo enviaron a la Legislatura: las observaciones no caen sobre áreas ajenas, sino sobre jurisdicciones que manejan sus propias colegas. Qué expedientes quedaron en la mira.
Gabriela Castro y Luciana Villafañe presentaron un escrito ante la Cámara de Diputados en el que advierten sobre expedientes demorados, presuntas irregularidades documentales y el uso de firmas digitales. Las observaciones recaen sobre jurisdicciones que manejan otras dos vocales del organismo, Matilde Morales y Romina Gaitán.
El Tribunal de Cuentas de Santa Cruz vuelve al centro de la escena por un conflicto puertas adentro. Dos de sus vocales elevaron un informe al Poder Legislativo provincial en el que describen demoras en la tramitación de expedientes y ponen bajo la lupa procedimientos internos del organismo encargado de controlar las cuentas públicas.
El documento está fechado el 22 de septiembre de 2026, según consigna la presentación, y fue dirigido al presidente de la Legislatura, Fabián Leguizamón. Lleva las firmas de Castro y Villafañe.
Qué cuestiona el informe
El escrito no se queda en los atrasos administrativos. También plantea dudas sobre la documentación que se incorporó a determinados expedientes, sobre los mecanismos de firma digital utilizados y sobre decisiones que se tomaron durante la tramitación de esas actuaciones.
Uno de los ejes es la acumulación de expedientes sin resolución. De acuerdo con la presentación, hay actuaciones iniciadas hace varios años que siguen pendientes, una situación que las firmantes ya habían advertido en un informe previo, elevado en mayo de 2025.
El nuevo escrito, sin embargo, suma observaciones que exceden los plazos. Castro y Villafañe expresan reparos sobre decisiones adoptadas en actuaciones que, a su criterio, necesitaban verificaciones adicionales antes de avanzar.
Las áreas señaladas
Las observaciones se concentran en jurisdicciones que están bajo la responsabilidad de las vocales María Matilde Morales y Romina Gaitán. El documento las identifica como parte de las áreas sobre las que recaen los cuestionamientos, tanto por demoras en la resolución de expedientes como por procedimientos administrativos vinculados a su tratamiento.
La presentación profundiza diferencias que ya se habían hecho públicas en comunicaciones anteriores dentro del Tribunal. En esta oportunidad, el informe incorpora actuaciones posteriores a aquella primera advertencia de 2025 y traslada la discusión al terreno legislativo.
Por qué importa
El Tribunal de Cuentas tiene una función clave en el sistema de control público: examinar rendiciones de cuentas y verificar la legalidad de las actuaciones administrativas del Estado provincial. Que las denuncias provengan de integrantes del propio organismo y apunten a la tramitación de sus propios expedientes abre interrogantes sobre los mecanismos internos y sobre cómo se adoptan las resoluciones.
La decisión de llevar las observaciones a la Cámara de Diputados le da a la controversia una dimensión institucional que excede la interna del Tribunal.
Por el momento, los señalamientos contenidos en el documento son presuntas irregularidades denunciadas por las vocales y no deben interpretarse como hechos comprobados judicialmente. Su existencia y las eventuales responsabilidades requieren esclarecimiento, y la controversia quedó formalmente planteada ante la Legislatura.
