La concejal Jessica Casasola apuntó contra el intendente Luciano Moreira por sumar un nuevo cargo ejecutivo mientras, según denunció, la policía local trabaja con dos móviles para más de 25 mil vecinos. Qué dijo sobre el equipamiento y los insumos que ponen los propios efectivos.
La concejal de La Libertad Avanza Jessica Casasola apuntó contra el intendente de Monterrico, Luciano Moreira, por dos frentes que considera urgentes: la creación de un nuevo cargo ejecutivo en pleno discurso de austeridad y la falta de respuestas institucionales hacia el Concejo Deliberante. Lo dijo en diálogo con Radio 2.
Para la edil, la iniciativa oficial de sumar una nueva estructura política resulta difícil de justificar frente a los vecinos. En ese marco, cuestionó que se priorice ampliar el gabinete con asesores y secretarías antes que atender problemas de fondo o abrir el debate por una Ley de Coparticipación Municipal en la provincia.
“Es muy contradictorio el discurso que hacen muchas veces los intendentes, especialmente el nuestro en Monterrico, cuando dice que no hay plata para ciertas cosas, pero sí para crear otro cargo y agrandar el Estado”, disparó Casasola.
Seguridad: la letra chica de la precariedad operativa
El tema de la inseguridad volvió al centro de la escena tras los episodios de violencia y disturbios que se registraron sobre la ruta provincial y en las inmediaciones de la Feria 20 de Junio. Para la concejal, el problema no pasa solo por los recursos, sino por la falta de decisión política del Ejecutivo para hacer cumplir normativas que ya existen, como la ordenanza 477, que habilita a la Dirección de Tránsito a realizar controles de alcoholemia.
Según detalló, la dependencia policial local trabaja en condiciones críticas para cubrir a una población que supera los 25.000 habitantes: cuenta con apenas dos motocicletas y dos móviles, de los cuales uno está afectado a tareas administrativas y el otro presenta desperfectos. La comparación que trazó la edil es contundente: esa dotación es menor a la de localidades vecinas con menos habitantes, como El Carmen.
Casasola fue más allá y aseguró que los propios efectivos deben costear insumos básicos, como papel o combustible, de su bolsillo.
Un Ejecutivo que responde con cuentagotas
El otro eje de la denuncia apunta al vínculo entre el municipio y el Concejo Deliberante. La concejal sostuvo que existe un bloqueo institucional por parte de Moreira: en lo que va del año legislativo, el Ejecutivo respondió solo uno de los más de 15 pedidos de informe presentados y mantiene pendientes las rendiciones de cuentas. Esa situación ya le valió intimaciones de la Auditoría General de la Provincia.
“No tenemos respuesta, no pasa ninguna documentación por el Concejo Deliberante y todos nos enteramos por redes sociales. Hay una falta gravísima de respuesta institucional y de cumplimiento hacia lo legislativo”, remarcó.
Por último, la concejal pidió avanzar en la digitalización de los archivos municipales y en la implementación efectiva del Boletín Oficial local. Advirtió que hoy los registros del cuerpo deliberativo se llevan de forma manual, lo que dificulta el acceso a la información pública.