Dos meses de vigilancias, 92 envoltorios y 1,8 kilos debajo de un colchón: el dato que terminó de complicarlo

Maycol Daniel Becerra irá a juicio oral en San Luis acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de drogas. La investigación arrancó con una denuncia anónima y desembocó en un allanamiento donde la Policía encontró más de 1,8 kilos de sustancia escondidos debajo de un colchón. La Fiscalía pedirá cuatro años de prisión efectiva.

El juez con funciones de revisión Sebastián Guillermo Soneira declaró admisible la acusación de la fiscal Mónica Spagnuolo y ordenó remitir la causa a la Oficina Judicial para sortear al magistrado que conducirá el debate. Becerra llegará al juicio bajo prisión preventiva.

Una denuncia anónima y dos meses de vigilancia

Todo empezó el 7 de octubre de 2025, cuando la División Lucha Contra el Narcotráfico recibió una denuncia anónima sobre movimientos presuntamente vinculados a la venta de drogas en una vivienda de calle Chubut al 1600, en la ciudad de San Luis.

Durante aproximadamente dos meses, los investigadores montaron vigilancias y registraron un ir y venir constante de personas que entraban y salían del domicilio en pocos minutos. Según la acusación, entre el 21 y el 27 de octubre tres personas fueron interceptadas después de pasar por la casa y llevaban pequeños envoltorios con cocaína. Esos procedimientos fueron incorporados como prueba para el juicio.

Qué encontraron en la casa

El allanamiento principal se concretó el 15 de diciembre de 2025. En una habitación, la Policía halló una balanza digital de precisión, un envoltorio con 0,65 gramos de cocaína y 92 envoltorios sellados que pesaron en conjunto 13,80 gramos.

Pero el golpe de mayor volumen estaba debajo de un colchón: una bolsa con tres paquetes rectangulares de 475, 695 y 640 gramos, que totalizaron 1,810 kilos de sustancia estupefaciente. También se secuestró otro envoltorio con 61,36 gramos, elementos que la investigación considera usados para el fraccionamiento, un teléfono celular y dinero en efectivo.

El procedimiento formó parte de un operativo más amplio con otros dos domicilios y tres detenciones. En el conjunto de esos allanamientos la Policía había informado el secuestro de seis paquetes de marihuana compactada, 294 envoltorios con cocaína, plantas de cannabis, teléfonos y dinero. Esas cantidades corresponden al operativo completo y no solo a la vivienda atribuida a Becerra.

Las transferencias que la defensa cuestiona

La investigación también apuntó a los movimientos financieros del acusado. A partir de información aportada por Mercado Pago, los pesquisas determinaron que en un período aproximado de cinco meses se registraron 494 transferencias por $6.858.742.

Otro análisis del expediente indicó que, durante dos meses, Becerra recibió 593 transferencias por alrededor de $7.485.031. En un período de aproximadamente un mes realizó 128 operaciones por $1.153.948.

La Fiscalía sostiene que numerosos movimientos, sobre todo los de montos de entre $3.000 y $65.000, son compatibles con su hipótesis de comercialización de estupefacientes, y que algunas operaciones coincidieron con jornadas en las que había vigilancias policiales. Esa interpretación será uno de los puntos centrales de discusión en el debate.

El abogado Rodolfo Mercau rechazó que los movimientos financieros puedan considerarse automáticamente producto de una actividad ilícita y planteó que la ausencia de empleo registrado tampoco constituye por sí sola una prueba de venta de drogas. También se opuso a la continuidad de la prisión preventiva: sostuvo que la investigación ya estaba terminada y que no se acreditaron riesgos concretos de fuga o entorpecimiento.

Soneira decidió mantener la detención y entendió que las controversias planteadas por la defensa sobre la prueba deberán resolverse durante el debate oral. La apertura del juicio no implica una condena: será en esa instancia donde la Fiscalía deberá probar su acusación y la defensa podrá controvertir las vigilancias, los secuestros y la interpretación de las transferencias antes de que la Justicia determine la responsabilidad penal de Becerra.