Dos médicos de Salta acusados de robar equipos del Materno Infantil para su clínica privada: encontraron seis aparatos con números de serie idénticos
Dos médicos del Hospital Materno Infantil de Salta fueron acusados de robar equipos para su clínica privada. ¿Qué encontraron los fiscales en la terapia neonatal?
Los médicos Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa fueron imputados por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de Salta como coautores del delito de peculado, tras presuntamente sustraer equipamiento del Hospital Público Materno Infantil para usarlo en una clínica privada de la que eran socios. Seis equipos médicos con números de serie coincidentes fueron hallados en el servicio de neonatología de un centro privado.
La investigación comenzó luego de que el director general del hospital, Esteban Rusinek, denunciara el hecho a raíz de una inspección del Ministerio de Salud Pública que detectó posibles irregularidades. La fiscal penal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, presentó la acusación formal ante la Oficina Judicial.
¿Qué encontraron en la clínica privada?
Durante la pesquisa, que incluyó relevamiento de documentación, declaraciones testimoniales, inspecciones e informes periciales, el personal de la UDEC localizó seis equipos médicos cuyos números de serie coincidían exactamente con los reportados por el hospital. Los aparatos fueron secuestrados en la terapia neonatal Neofénix, ubicada en el segundo piso de una clínica privada en Alvarado 858, en la ciudad de Salta. Posteriormente, fueron restituidos judicialmente al hospital.
Según la hipótesis fiscal, los acusados aprovecharon su cargo en el servicio de Neonatología del hospital público y el acceso al equipamiento estatal para sustraer los bienes. Luego, habrían trasladado ese material al circuito operativo de una empresa privada de neonatología de la que ambos eran socios, obteniendo un beneficio económico.
Los fundamentos de la acusación
La fiscal Salinas Odorisio sostuvo que la conducta investigada no solo afectó el patrimonio de la administración pública, sino también su correcto funcionamiento, al involucrar equipamiento destinado a la atención de pacientes en un hospital público. Además, señaló que se vulneraron “los deberes de fidelidad, probidad y transparencia” que deben cumplir quienes ejercen funciones públicas.
En la misma presentación, la UDEC solicitó el sobreseimiento de otras dos personas que habían sido imputadas en la causa, al concluir que no participaron del hecho investigado.
