Dos leyes clave pasaron por Diputados: una fecha histórica y un pedido urgente de la fuerza

La Cámara de Diputados de Catamarca le dio media sanción a dos proyectos que, por caminos distintos, apuntan a reparar deudas pendientes: una fecha histórica que casi nadie recuerda y la salud mental de quienes visten el uniforme. La sesión ordinaria número 17 estuvo presidida por Paola Fedeli.

Por un lado, se aprobó incorporar al calendario provincial el Día de la Batalla de El Tala, al cumplirse 200 años del enfrentamiento del 27 de octubre de 1826. Por el otro, se declaró por dos años la emergencia en salud mental y prevención del suicidio para el personal de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario.

Una batalla que cumple dos siglos y sigue en deuda con la memoria

El proyecto de la diputada Natalia Ponferrada (FT) instituye el 27 de octubre como el Día de la Batalla de El Tala, ocurrida en los límites entre Tucumán y Catamarca, en la actual jurisdicción de Los Altos. Allí se enfrentaron las fuerzas federales de Facundo Quiroga contra las tropas unitarias de Gregorio Aráoz de Lamadrid, en plena guerra civil argentina.

La iniciativa no solo suma la fecha al calendario: también busca que el episodio se enseñe en las escuelas y se difunda en toda la provincia, justo cuando se cumplen 200 años.

Al presentar el proyecto, Ponferrada fue directa: “Estamos a muy pocos días de conmemorar el bicentenario de este suceso, hecho que creo, es poco conocido por los catamarqueños”. La legisladora explicó que la batalla se enmarca en las disputas políticas entre provincias y en los conflictos que moldearon la organización nacional durante el siglo XIX.

Para fundamentar la propuesta, recurrió a bibliografía histórica y documentos que permiten reconstruir no solo el desarrollo militar del combate, sino también sus consecuencias sociales. En ese sentido, sostuvo que la conmemoración no debe quedarse en el recuerdo del enfrentamiento: “Recordar y evocar esta fecha nos interpela a pensarnos como provincia y región en un escenario de guerra, de enfrentamiento entre comprovincianos y todo lo que eso implica para una sociedad”.

El proyecto se articula con el trabajo de la comisión promotora del Bicentenario de la Batalla de El Tala, conformada en julio en Los Altos con instituciones, historiadores, docentes y representantes locales. “El Tala no es sólo una batalla, es el testimonio de la lucha federal en el norte argentino”, afirmó Ponferrada al pedir el acompañamiento de sus pares y al invitar a las actividades conmemorativas del 27 de octubre en la localidad de El Tala, en Los Altos.

Emergencia en salud mental: “quien cuida a la sociedad también necesita que el Estado lo cuide”

El segundo proyecto, presentado por Javier Galán (MID), obtuvo media sanción tras una votación nominal con 37 acompañamientos. Declara por dos años la emergencia en salud mental y prevención del suicidio para el personal policial y penitenciario.

La propuesta busca fortalecer los servicios de atención existentes, crear mecanismos de acompañamiento y garantizar que quienes necesiten asistencia psicológica puedan pedirla sin miedo a represalias laborales.

Galán puso el foco en las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad: expuestos a violencia, emergencias y hechos traumáticos, además de las exigencias propias del cargo y las dificultades personales y económicas que puedan atravesar.

“Este proyecto parte de una idea sencilla: quien cuida a la sociedad también necesita que el Estado lo cuide”, expresó el diputado, al recordar que detrás de cada uniforme hay una persona y una familia que también necesitan contención.

El legislador aclaró que la iniciativa no crea nuevas sanciones ni suma controles, sino que facilita el acceso a una atención profesional gratuita, confidencial y accesible. Advirtió que el temor a consecuencias en la carrera puede convertirse en una barrera para quienes necesitan ayuda.

“No estamos proponiendo más castigos ni más controles, estamos proponiendo que pedir asistencia psicológica sea posible, que sea gratuita, que sea confidencial y que no signifique por sí solo una sanción ni un perjuicio profesional”, afirmó.

El texto establece que, durante la emergencia, el Ejecutivo deberá elaborar un diagnóstico de situación y un plan para fortalecer la atención en salud mental en un plazo de 180 días desde la entrada en vigencia de la ley. Contempla expresamente la cobertura de los departamentos del interior para que las medidas no queden concentradas en la Capital.

La idea es coordinar y reforzar los recursos disponibles, no crear estructuras burocráticas que dupliquen funciones. También prevé acompañamiento ante situaciones críticas y para las familias que atraviesen el fallecimiento de un integrante de las fuerzas.

Otro de los ejes es la identificación de factores laborales de riesgo y la prevención de la violencia y el acoso en los ámbitos de trabajo. El texto contempla que las decisiones sanitarias puedan fundamentar restricciones temporales a la portación del arma cuando corresponda, respetando los regímenes policiales y penitenciarios y las evaluaciones de aptitud vigentes.

Además, fija mecanismos de seguimiento institucional: durante la emergencia, el Ejecutivo deberá informar semestralmente a la Legislatura sobre los recursos destinados, las coberturas alcanzadas, las acciones desarrolladas y los presupuestos involucrados, para que las medidas puedan evaluarse y haya información periódica sobre su implementación.