Dos juezas de San Luis cobrarán un retroactivo, pero el fallo esconde una letra chica

La Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción confirmó el fallo que da por probado el deterioro salarial de dos juezas de San Luis y ordena una reparación con retroactividad a febrero de 2024. La decisión se apoya en la garantía de intangibilidad de los haberes judiciales y en el reclamo por la pérdida del poder adquisitivo.

El reconocimiento, sin embargo, llega con un recorte: la demanda original la habían presentado dos juezas y tres secretarias judiciales. En 2025, la primera instancia les dio la razón a las cinco. Ahora, la Cámara confirmó ese fallo pero solo para las dos magistradas.

La sentencia que todavía no se ejecuta

El abogado Roberto Pereira, patrocinante de las demandantes, fue directo sobre el estado del expediente. «El fallo no tiene carácter suspensivo. Es una sentencia que hace un año que no se cumple», sostuvo.

Pereira trazó un paralelismo con la Ley de Financiamiento Universitario y apuntó contra el Gobierno nacional por no acatar esa norma pese a que existen medidas cautelares dictadas.

Qué dice el fallo y qué queda pendiente

La Cámara avaló que las dos juezas padecieron un deterioro salarial sostenido en el tiempo y fijó que corresponde una reparación retroactiva desde febrero de 2024. Lo que no hizo fue establecer montos ni porcentajes para calcular esa recomposición.

Según Pereira, el próximo paso será que un juez de primera instancia exhorte a los poderes Ejecutivo y Legislativo a intervenir. «A que hagan algo en relación al ajuste salarial», sintetizó el letrado.

El abogado tampoco descartó que Fiscalía de Estado apele la resolución de la Cámara. Si eso sucede, la causa deberá pasar al Superior Tribunal de Justicia, que a su vez tendría que integrarse con conjueces.

Precisamente, la Cámara que firmó el fallo estuvo integrada por conjueces: abogados que actúan como auxiliares de la Justicia en los casos en los que se requiere esa modalidad.

De dónde nace el reclamo

El conflicto se remonta a la Ley de Escala Salarial que la Legislatura aprobó en julio de 2023. La norma fijaba, entre otras pautas, que ningún agente judicial podía cobrar por debajo de la línea de pobreza.

Con los datos que aportaron las demandantes, las actualizaciones posteriores y la inflación terminaron licuando los ingresos. El planteo sostiene que cerca del 70% de los agentes judiciales no logra cubrir la canasta básica del INDEC y que San Luis ocupa el último lugar del país en salarios judiciales.

La intangibilidad de los haberes está resguardada por el artículo 110 de la Constitución Nacional y el 192 de la Constitución Provincial. Esa garantía existe para proteger las remuneraciones de los magistrados de eventuales presiones económicas de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Antes de judicializar el reclamo, las demandantes habían llevado el tema a la Dirección de Relaciones Laborales. Después de varias audiencias, el organismo se excusó de seguir con el trámite porque depende del Poder Ejecutivo.