Dos jueces lo sobreseyeron, pero Casación no se rinde y vuelve a abrir la causa contra un exfiscal federal

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal deberá definir si confirma o deja sin efecto el segundo sobreseimiento de Miguel Ángel Blanco García Ordás, exfiscal federal en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San Martín, acusado por su entonces secretaria de abuso sexual y conductas inapropiadas sostenidas durante años en el ámbito laboral.

El caso arrastra un recorrido sinuoso: dos sobreseimientos, una anulación de Casación y un procesamiento que después fue revocado. La querella presentó un recurso contra la última resolución, dictada en diciembre de 2024 por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín.

De una denuncia por un rayón a la causa por abuso

La denunciante, identificada en el expediente como María Aurelia, entró al Ministerio Público Fiscal en 1997 y llegó a ser jefa de despacho de la fiscalía que García Ordás tenía a su cargo. Según su relato, los hechos que le atribuye al funcionario se extendieron desde su ingreso hasta su traslado, dispuesto en el marco de un sumario administrativo.

Ese sumario había arrancado por una denuncia de una compañera de trabajo contra la mujer por un supuesto rayón en su auto. En el descargo de ese trámite, María Aurelia contó por primera vez lo que le atribuía a su superior y lo vinculó con el hostigamiento laboral y con la negativa a promoverla al cargo de secretaria.

La mujer sostuvo que en varias promociones no fue tenida en cuenta pese a considerar que reunía las condiciones. Cuando reclamó, según su declaración, el fiscal le contestó que ella “sabía qué tenía que hacer” para conseguir el ascenso. La querella leyó ahí una insinuación sexual; la defensa, en cambio, afirmó que la frase aludía al desempeño profesional que debía acreditar.

Los dos episodios de contacto físico que concentraron el procesamiento

Aunque la denuncia abarcó múltiples situaciones, el procesamiento de septiembre de 2024 se centró en dos hechos de contacto corporal. El primero habría ocurrido en la vieja sede de la fiscalía, donde, según la denunciante, García Ordás la tomó de los hombros y la acorraló contra un mueble mientras le decía: “Qué linda que sos”.

El segundo habría tenido lugar en la cocina de la dependencia: la mujer afirmó que el fiscal pasaba por detrás y la rozaba con sus genitales mientras ella hacía sus tareas habituales.

La querella pidió que esos episodios se analizaran en el contexto de la relación laboral y del resto de las situaciones denunciadas. Entre ellas mencionó comentarios sobre el cuerpo, la vestimenta y la ropa interior; tarjetas de cumpleaños con dedicatorias de tono sexual; citaciones al despacho y el conflicto por el ascenso.

Una de esas tarjetas, incorporada como prueba, dice: “¡Feliz cumple, Male! Por todos los años juntos y los que se vendrán. ¡Que seas muy feliz! ¡Mucho sexo! De: Miguel”. En otra dedicatoria, el fiscal le atribuía a la empleada “las virtudes de una gata”.

María Aurelia también declaró que García Ordás le mostró material pornográfico que, según le dijo, había traído de un viaje, y preservativos que guardaba en el baño de su despacho. De acuerdo con su versión, el fiscal le comentó que estaban vencidos porque ella no había querido usarlos con él. En otra ocasión, siempre según la denuncia, la convocó para leer un artículo sobre los supuestos “beneficios del semen”.

Testigos y el respaldo de la familia

La investigación sumó testimonios de personas a las que la mujer les habría contado algunos de esos episodios antes de radicar la denuncia penal. Su madre y su hermana afirmaron que conocían relatos de contactos físicos y rozamientos desde antes de su casamiento, celebrado en 2002. Otros testigos aportaron referencias sobre situaciones en las que el fiscal presuntamente se le acercaba por detrás o la tomaba de los hombros.

El derrotero judicial

El primer sobreseimiento llegó en julio de 2020, dictado por la Justicia de primera instancia, y fue confirmado en noviembre de ese año por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín. La querella apeló y el expediente llegó a Casación.

El 25 de agosto de 2022, el tribunal anuló el sobreseimiento. Cuestionó que las pruebas no se hubieran examinado de forma integral ni bajo las pautas que rigen las investigaciones por hechos de violencia de género. También objetó el argumento de que resultaba improbable que los roces denunciados se repitieran en un ámbito laboral compartido sin que nadie los advirtiera.

Con la causa de vuelta en las instancias inferiores, se amplió la producción de pruebas. Declararon nuevos testigos, varios a pedido de la defensa, y García Ordás fue citado a prestar declaración indagatoria.

El 2 de septiembre de 2024, el juez federal lo procesó por los dos episodios de contacto físico y dispuso un embargo de $1.500.000 sobre sus bienes. En los fundamentos sostuvo que la eventual finalidad sexual de los contactos no debía evaluarse de manera aislada, sino en relación con el conjunto de las circunstancias del expediente.

La defensa apeló y el 26 de diciembre de 2024 obtuvo una resolución favorable: la Sala II de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento y dictó un segundo sobreseimiento. Los camaristas consideraron que, aunque los contactos denunciados podían haber ocurrido materialmente, era difícil que una conducta reiterada de ese tipo pasara inadvertida en un lugar de trabajo compartido.

La querella volvió a recurrir. Planteó que la Cámara de San Martín usó un razonamiento que Casación ya había objetado en 2022 y que la resolución no explicó con suficiencia por qué las pruebas incorporadas después de aquella anulación justificaban volver a sobreseer.

Ahora la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal tiene la última palabra: confirmar el segundo sobreseimiento o disponer una nueva revisión de las actuaciones.