Dos intentos para correr al juez del caso Los Nihuiles y la cautelar que sigue firme

El juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric rechazó dos recusaciones que buscaban apartarlo del expediente por las regalías del Complejo Los Nihuiles, y la cautelar que frena el Decreto 982/26 de Javier Milei continúa vigente. La medida, dictada tras la presentación de la Fiscalía de Estado de La Pampa, dejó sin efecto por ahora el reparto del 100% de las regalías energéticas para Mendoza.

El decreto presidencial había dispuesto que la totalidad de lo recaudado por la generación de las represas quedara en manos mendocinas, en lugar de repartirse en mitades iguales entre ambas provincias como ocurría desde hace más de cinco décadas. La presentación pampeana sostuvo que la norma lesionaba derechos de La Pampa y Baric le dio curso con un fallo sumarísimo.

La reacción desde Mendoza no se hizo esperar. La provincia cuyana mantiene abierto un trámite en la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 2022 en el que reclama exactamente lo que el decreto de Milei le concedió.

Las recusaciones y el argumento de “nuestra provincia”

Las dos recusaciones fueron presentadas por un mismo abogado. La primera fue una recusación sin causa, un mecanismo admitido en el derecho civil pero no en una medida sumarísima como la que adoptó Baric. Por eso el rechazo se limitó a citar los artículos que contemplan esa situación.

La segunda, con causa, apuntó a tres pasajes de la sentencia en los que el magistrado se refirió a La Pampa como “nuestra provincia”. Fuentes judiciales explicaron a LA ARENA que la recusación con causa procede cuando un juez es parte del expediente, tiene interés directo, fue deudor o acreedor de alguna de las partes, o fue denunciante o denunciado por ellas. En este caso, el abogado le endilgó un supuesto enfoque emocional por ser juez federal de Santa Rosa y por haber usado esa expresión.

Baric debe responder ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, no ante el abogado que lo recusó. El juez habría señalado que no aceptaba la recusación porque “nuestra provincia” alude a una ubicación geográfica y no a un sentido de pertenencia. De hecho, Baric no es pampeano.

La Cámara Federal de Bahía Blanca tiene cinco días hábiles para resolver si hace lugar a las recusaciones. Mientras tanto, es probable que designe por sorteo a otro juez para que la causa siga teniendo impulso.

Un derecho que La Pampa sostiene desde 1973

La Pampa cobra la mitad de las regalías de la generación eléctrica de Los Nihuiles desde 1973, cuando el Estado nacional dictó el decreto que Milei dejó sin efecto más de 50 años después. Pero no se apoya solo en eso: también invoca el acuerdo que en 1992 firmaron los gobernadores Rubén Marín y Rodolfo Gabrielli, que ratificaba el esquema de regalías. Aquel convenio fue firmado por los Ejecutivos de ambas provincias y homologado por las Legislaturas pampeana y mendocina y por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A 34 años de aquel acuerdo, Mendoza sostiene que las regalías hidroeléctricas corresponden a la provincia donde se encuentra la fuente que genera la energía, como si el agua del río Atuel, un recurso interprovincial, no fuera la que mueve los generadores.

El cruce político que escaló esta mañana

El conflicto sumó un nuevo capítulo cuando el secretario general de la Gobernación de La Pampa, José Vanini, cruzó al gobernador mendocino Alfredo Cornejo por sus críticas al juez Baric: “Lo que no pudieron hacer en la Corte, lo hacen mediante llamadas y contubernios con el gobierno de Milei”.

En su cuenta de X, Cornejo había asegurado que su provincia y el Gobierno nacional pidieron la inhibición del juzgado federal pampeano por considerarlo incompetente. “Lo solicitamos con sobrados fundamentos, convencidos de que esta discusión solo se resuelve allí. La Pampa intentó meter por la ventana una disputa que ya habíamos ingresado por la puerta, como corresponde. Sabían que el juzgado de Santa Rosa es incompetente y así y todo avanzaron. ¿Ignorancia? No creo. ¿Manotazo? Tal vez. La causa ya estaba en la Corte y ahí debe seguir”, escribió el mandatario mendocino, que mantiene una relación estrecha con la Casa Rosada.

Vanini respondió: “Más grave que una interpretación poco ajustada a derecho es que conozca el contenido de un escrito que la parte aún no conoce porque no está disponible en el sistema”. Y remató: “Se ratifica: lo que no pudieron hacer en la Corte, lo hacen mediante llamadas y contubernios con el gobierno de Milei”.

El gobernador Sergio Ziliotto había sido el primero en defender los intereses pampeanos apenas se conoció el decreto, con la privatización de la hidroeléctrica como telón de fondo. Cornejo, por su parte, había dicho: “Solo pedimos que se cumplan las leyes, los acuerdos y los fallos”.

El martes, cuando se conoció la publicación de Cornejo, también salió al cruce el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, pampeano radicado en la Capital Federal y docente de la carrera de Abogacía de la UNLPam. “Lo expresado no es constitucionalmente adecuado”, resaltó, y citó el fallo de la Corte Suprema en la causa “Córdoba, Provincia de c/ Banco Central de la República Argentina s/ amparo ley 16.986” (2023), donde el tribunal reconoció la validez de la prórroga de la competencia originaria en favor de tribunales federales inferiores.

“La causa que la provincia de Mendoza eligió tramitar en competencia originaria solo abarca el reclamo retroactivo del pago de regalías pero no tiene por objeto la impugnación del Decreto 982/2026. Esa pretensión tramita ante la justicia federal de la Provincia de la Pampa. Respete el federalismo de concertación, la división de poderes, el sistema republicano y la independencia del Poder Judicial. No sea intermitente”, disparó.