Dos gobernadores del NOA esperaban una señal de la Justicia y ahora sus planes electorales penden de un hilo

La disputa por las reglas con las que se votará en 2027 dejó de ser un tema de encuestas y partidos: ahora se dirime en los tribunales. Con pocos días de diferencia, Gustavo Sáenz en Salta y Osvaldo Jaldo en Tucumán recibieron novedades judiciales que ordenan el tablero de cara a las próximas elecciones.

En el caso salteño, el máximo tribunal provincial despejó el camino para el nuevo sistema electoral del gobernador. En Tucumán, en cambio, la Corte Suprema de la Nación dio apenas el primer paso formal en la causa que busca impedir que Jaldo compita por otro mandato.

Salta: la reforma quedó firme

La Corte de Justicia de Salta rechazó por unanimidad las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley 8.535, aprobada por la Legislatura el 30 de abril con el nombre oficial de Ley de Participación Democrática. En los pasillos legislativos y en la oposición la llaman, sin vueltas, una ley de lemas encubierta.

El fallo resolvió en conjunto tres expedientes: uno de Carlos Zapata y Lourdes Ríos Ayllón (La Libertad Avanza), otro del dirigente de izquierda Claudio Del Plá y un tercero de Alejandro Patrón Costas (Partido de la Reconquista). Los cuestionamientos apuntaban a los ejes centrales de la norma: la acumulación de votos por frente, la exigencia de presentar candidaturas en al menos quince de los veintitrés departamentos para pelear la gobernación y el piso de dos partidos como mínimo para armar un frente electoral.

El esquema cambia la lógica de la competencia: ya no se miden candidatos contra candidatos sino frentes contra frentes. Los votos de todas las listas de un mismo espacio se suman y, dentro del frente ganador, se impone quien haya sacado más sufragios individuales. Así, un postulante puede llegar al cargo aunque otro candidato de un espacio distinto haya obtenido, por sí solo, más votos. Ese es el punto que la oposición cuestiona.

Los jueces no aceptaron esos argumentos. Sostuvieron que las provincias tienen plena autonomía para darse su propio régimen electoral según la Constitución Nacional y que la Carta Magna salteña deja esa materia en manos de la ley, con amplias facultades para la Legislatura. Para el tribunal, elegir un sistema electoral es una decisión política de oportunidad y conveniencia que no corresponde revisar a la Justicia. También consideraron que el mecanismo respeta la elección directa, porque los ganadores surgen del voto popular sin órganos intermedios.

Sobre la exigencia de los quince departamentos, el fallo la consideró razonable: busca que quien aspire a gobernar toda la provincia tenga presencia y organización en el territorio. Con el mismo criterio validó el piso de dos partidos por frente, que a su juicio asegura mayor representatividad. Tampoco encontró afectación del principio de igualdad, porque la ley distingue entre partidos y alianzas, que son figuras diferentes.

La reforma incluye además otros cambios: amplía los plazos para inscribir frentes y presentar candidaturas, y obliga a abrir todas las urnas para hacer un conteo manual de los comprobantes impresos del voto electrónico, con fiscales de todas las fuerzas.

Desde el inicio, dirigentes como el exgobernador Juan Manuel Urtubey y referentes de La Libertad Avanza cuestionaron la ley por restrictiva para las fuerzas chicas y por favorecer al armado oficialista, que podrá procesar sus internas dentro del mismo frente sin dividir los votos. El bloque oficialista la defendió como una modernización del sistema y rechazó que sea un regreso a los lemas.

De fondo hay otra discusión que sigue abierta, en la política y en los tribunales: Sáenz cumple su segundo mandato y no está resuelto si puede volver a ser candidato. Todo esto ocurre con una Corte que el propio gobernador amplió a nueve miembros y que este año sumó dos jueces propuestos por el Poder Ejecutivo.

Un abogado salteño vinculado a la Casa de Gobierno provincial, consultado por Ámbito, advirtió que conviene no leer el fallo más allá de lo que expresamente establece. La Corte salteña se limitó a analizar si la nueva ley electoral es compatible con las constituciones provincial y nacional; no se pronunció sobre los requisitos para ser candidato ni sobre los límites a la reelección. De hecho, el propio tribunal indicó que las condiciones personales para acceder a la gobernación siguen siendo las que fija la Carta Magna provincial. Por eso, la resolución no habilita ni impide una eventual nueva postulación de Sáenz, explicó. Esa posibilidad todavía no se concretó: no hay candidatura oficializada ni presentación judicial al respecto, pero tampoco un fallo a favor o en contra. Si el gobernador decidiera competir, esa discusión tendrá su propio trámite, con otros argumentos y en otro momento.

Tucumán: la pelota pasa a Casal

Mientras el sistema salteño quedó firme, en Tucumán la pelea judicial recién empieza. La Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de la Nación le pidió a la Procuración General que opine sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad que presentó la oposición contra el artículo 90 de la Constitución provincial. El dictamen quedará a cargo del procurador interino Eduardo Casal y no es vinculante.

El alcance de la consulta es acotado: Casal deberá opinar si el tribunal tiene competencia originaria para tratar la demanda. No se pronunciará, al menos por ahora, sobre el fondo, es decir, sobre si Jaldo está habilitado para competir. Si la Corte se declara competente, correrá traslado a la provincia, que tendrá 60 días para responder.

La demanda la presentó el 26 de octubre el diputado nacional Mariano Campero, de Cambia Tucumán, con el respaldo de Fuerza Republicana, el PRO y CREO. Los demandantes sostienen que el artículo 90 permite encadenar mandatos entre la vicegobernación y la gobernación, hasta dieciséis años seguidos en la cima del Ejecutivo, y que eso viola el principio republicano de alternancia que las provincias deben respetar. El caso de Jaldo encaja en ese esquema: fue vicegobernador entre 2015 y 2023, estuvo a cargo del Ejecutivo mientras Juan Manzur era jefe de Gabinete de la Nación y asumió como gobernador en 2023.

El Gobierno tucumano respondió en dos frentes. Por un lado, la fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls defendió la validez del artículo en nombre de la autonomía provincial, afirmó que la cláusula no deja margen para otras interpretaciones y cuestionó que los opositores hayan ido directo a la Corte nacional sin pasar antes por la Justicia local. También rechazó la comparación con el caso del exgobernador Juan Manzur en 2023, cuando quiso volver como vice para lo que hubiera sido un quinto mandato consecutivo de la fórmula. Jaldo, por otro lado, primero calificó la presentación como una maniobra política para sacarlo de la competencia. Días después bajó el tono: dijo que acatará lo que resuelva la Corte, que no está aferrado al cargo y que se siente preparado para gobernar otros cuatro años.

El reloj juega un papel central. Tucumán desdobló sus elecciones y votará el 9 de mayo de 2027, por lo que las candidaturas deberían oficializarse un mes antes. Los antecedentes pesan: en 2023 una medida cautelar del máximo tribunal frenó la postulación de Manzur y la causa quedó abstracta cuando él se bajó, sin que la Corte se pronunciara sobre el fondo del artículo 90. Ese mismo año, Casal dictaminó que el sanjuanino Sergio Uñac no podía ser candidato, aunque al principio había sostenido que la Corte no debía meterse en elecciones provinciales; el tribunal se declaró competente igual. Y en diciembre de 2024, la Corte declaró inconstitucional la reelección indefinida en Formosa.

En los tribunales circulan distintas lecturas. Algunas creen que la Corte no querría convertirse en árbitro anticipado de la política y que solo intervendría ante una candidatura ya oficializada. Otras advierten que todo dependerá de la solidez de los argumentos opositores. En el plano político, la causa también generó ruido dentro del antikirchnerismo: el libertario Lisandro Catalán, candidato a gobernador en Tucumán y miembro del directorio de YPF, criticó a los espacios que la impulsaron.

En ambos casos, Salta y Tucumán, la discusión de fondo es la misma: hasta dónde llega la autonomía de las provincias para fijar sus reglas y cuándo la Justicia decide ponerles un límite. A menos de seis meses del cierre de listas, la respuesta pesa tanto como cualquier encuesta.

Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte en el AMBA, mientras Salta y las provincias del interior seguimos haciendo un enorme esfuerzo para sostener el servicio. Hay trabajadores que necesitan llegar a sus empleos, estudiantes, jubilados y familias… pic.twitter.com/qbs9nNNPzF

— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) November 3, 2026

| Nos reunimos con representantes de los ingenios azucareros de Tucumán para analizar el desarrollo de la zafra 2026 y los principales desafíos de nuestra industria azucarera.

En un contexto que exige trabajo y articulación, vamos a seguir… pic.twitter.com/8Gd7GbkPLK

— Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) November 11, 2026