Dos empleados de Desarrollo Humano, en la mira: les reclaman una cifra millonaria por las ausencias

El Gobierno de Entre Ríos puso bajo la lupa a dos trabajadores de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Humano. La administración provincial les abrió sumarios administrativos por presuntas inasistencias injustificadas y abandono de servicios, y al mismo tiempo los intimó a reintegrar haberes que considera cobrados de más. La cifra global del reclamo, sin contar intereses, asciende a $57.573.231,90.

Las medidas quedaron asentadas en los decretos 3165/2026 y 3160/2026, firmados el 22 de septiembre por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendados por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso. El Once accedió a ambos expedientes.

Los dos agentes cumplían funciones en dependencias distintas de la misma cartera: uno en la Dirección de Políticas Alimentarias y el otro en la Dirección de Comedores.

El caso de la agente de Políticas Alimentarias

El decreto 3165/2026 ordenó el sumario contra una empleada de planta permanente de la Dirección de Políticas Alimentarias, encuadrada en el agrupamiento Administrativo y Técnico. La resolución sostiene que la investigación se originó en inasistencias injustificadas y un presunto abandono de servicios, conductas previstas en el artículo 71, incisos a) y b), de la Ley Provincial Nº 9755, con la modificación de la Ley Nº 9811.

En paralelo, el Ejecutivo aprobó una liquidación de la Dirección General Administrativa Contable del ministerio: la agente deberá devolver $29.154.920,05 en concepto de haberes considerados indebidamente percibidos. A ese monto se le suman los intereses ya acumulados y los que se devenguen hasta la cancelación total de la deuda, calculados con la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

La intimación le otorga 30 días corridos desde la notificación para reintegrar el dinero.

El segundo expediente, en Comedores

El decreto 3160/2026 alcanzó a un trabajador de planta permanente de la Dirección de Comedores, del agrupamiento de personal de servicios. También en este caso la provincia ordenó un sumario por ausencias injustificadas y por una conducta calificada como presunto abandono de servicios.

La resolución advierte que los hechos investigados podrían encuadrarse en las causales de cesantía del artículo 71 de la Ley Nº 9755 y sus modificatorias.

La liquidación contable fijó el monto de haberes considerados indebidamente percibidos en $29.944.315,09. Sin embargo, la administración ya había retenido de forma preventiva $1.526.003,24, de modo que el saldo pendiente de recuperación quedó en $28.418.311,85, más los intereses que correspondan. El plazo para devolverlo también es de 30 días corridos desde la notificación.

Qué pasa si no pagan

Ambos decretos prevén que, ante el incumplimiento de las intimaciones, intervendrá la Fiscalía de Estado de Entre Ríos para iniciar las acciones legales. El objetivo será recuperar los montos determinados por la administración, junto con los intereses legales acumulados, las costas y los honorarios que pudieran corresponder.

En conjunto, las liquidaciones aprobadas por el Ministerio de Desarrollo Humano totalizaron $59.099.235,14. Como ya se habían retenido preventivamente $1.526.003,24, el saldo pendiente de devolución queda en $57.573.231,90, siempre sin contar intereses.

Las resoluciones también dispusieron remitir las actuaciones a la Dirección de Sumarios de Fiscalía de Estado y a los organismos provinciales de Recursos Humanos que correspondan.

Qué dice la normativa

Los sumarios se enmarcan en la Ley Provincial Nº 9755, modificada por la Nº 9811, que regula el empleo público y contempla causales de sanción por incumplimientos de las obligaciones laborales. Los expedientes se apoyan puntualmente en las disposiciones sobre inasistencias injustificadas y abandono de servicios, conductas que pueden derivar en medidas disciplinarias, incluida la cesantía, si se acreditan los hechos y se completan los procedimientos legales.

Hasta que se apruebe una nueva reglamentación para los sumarios administrativos, el Gobierno seguirá aplicando el procedimiento vigente aprobado por el Decreto Nº 2/70 y sus modificatorios.

Desde la provincia aclararon que la apertura de los sumarios no significa que ya se haya dispuesto la cesantía de los trabajadores: es el inicio de los procedimientos para determinar las responsabilidades administrativas. Las intimaciones económicas, en tanto, son medidas separadas de las investigaciones disciplinarias y buscan recuperar los fondos que el Estado provincial determinó como indebidamente abonados.