Dos docentes de Exactas cobraron por un estudio que ellos mismos aprobaron
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Dos docentes de Exactas cobraron por un estudio que ellos mismos aprobaron

Un exdocente de la UNLPam pidió al rector Marull que abra un juicio académico contra dos profesores de Exactas: los acusa de haber cobrado por un trabajo que ellos mismos aprobaron como representantes de la Facultad. El monto del contrato y quién lo firmó quedaron en el centro de la denuncia.

Un exdocente de la UNLPam pidió al rector Francisco Marull que abra un juicio académico y evalúe una denuncia penal contra dos profesores de Ciencias Exactas y Naturales. La presentación sostiene que ambos actuaron como representantes de la Facultad en una mesa técnica del Gobierno pampeano y después cobraron por ejecutar el mismo trabajo que allí diseñaron.

El autor del pedido es José Hernán Sarasola, licenciado en Recursos Naturales Renovables que el año pasado quedó desvinculado de la universidad. En una nota dirigida al rector y presidente del Consejo Superior, solicita que se promueva un juicio académico y se analice una eventual denuncia penal contra los dos docentes.

El planteo se apoya en el deber que tiene todo funcionario público de reportar posibles delitos de los que tome conocimiento en el ejercicio de sus tareas. Según la presentación, los hechos podrían encuadrar en negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Sarasola afirma que los antecedentes surgen de expedientes del propio Gobierno provincial y de decretos publicados en el Boletín Oficial.

De la mesa técnica al contrato

En febrero de 2023, relató Sarasola en una nota enviada a los medios, la Subsecretaría de Ambiente provincial pidió a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que designara representantes para una mesa técnica sobre las aves que mueren electrocutadas en los tendidos eléctricos.

Por resolución de decanato del 6 de febrero de ese año, la facultad nombró a dos docentes: uno era profesor adjunto y vicedecano; el otro, auxiliar docente en una cátedra que estaba a cargo del primero.

Las actas de las reuniones permiten reconstruir el recorrido, siempre según el denunciante. El 1 de marzo de 2023, los representantes de la facultad presentaron un borrador para monitorear cuatro líneas eléctricas, con presupuesto incluido. La mesa lo aprobó y ambos docentes firmaron la minuta.

El 5 de mayo, la mesa resolvió pedir a la Facultad los nombres de “tres expertos” para que elaboraran una propuesta y luego la ejecutaran. Otra vez, los dos docentes firmaron el acta que aprobaba la propuesta que ellos mismos habían formulado.

Dieciocho días después, uno de los integrantes de la mesa, en su rol de vicedecano, envió una nota con tres nombres. De esa lista quedaron seleccionados dos: el otro docente que integraba la mesa, también auxiliar de su propia cátedra, y un empleado de planta del Gobierno provincial.

El 7 de julio de 2023, el Decreto provincial 2791 contrató en forma directa a ambas personas por un total de 10.352.000 pesos, unos 20.000 dólares de ese momento. La contratación se hizo a título personal, como indica el propio decreto, pese a que la UNLPam tiene mecanismos institucionales para prestar servicios a terceros que, según la presentación, no se usaron.

De acuerdo con el contrato y con la información sobre pagos del Tribunal de Cuentas de la Provincia, al docente le correspondió la mitad del monto total.

El informe, la firma y la exposición

El monitoreo se desarrolló durante el invierno y la primavera de 2023. En marzo de 2024, el docente contratado se presentó ante la mesa técnica todavía como representante de la Facultad para exponer los avances de su propio informe, aquel por el que había cobrado. También firmó el acta de esa reunión.

En abril, la mesa aprobó un acta de recomendaciones basada en ese estudio. La firmó, en representación de la facultad, el vicedecano que había propuesto la contratación del otro docente. El documento sostiene que el estudio fue contratado “a la Facultad”, aunque, según Sarasola, el contrato se hizo con dos personas particulares y solo una tenía vínculo con esa unidad académica.

El amparo ambiental que quedó en el medio

En diciembre de 2022, Sarasola presentó un amparo ambiental contra la Provincia de La Pampa por la construcción de la línea eléctrica Padre Buodo-Perú. Lo hizo a título personal porque la declaración de impacto ambiental de la obra no mencionaba al águila coronada, una especie en peligro de extinción presente en la zona, pese a los impactos negativos constatados.

Dos meses después empezó a reunirse la mesa técnica y, en mayo de 2023, se sumó la Fiscalía de Estado, el organismo que defendía a la Provincia en el amparo promovido por Sarasola.

El juez de la causa sugirió incorporar a Sarasola como especialista en la temática. Sin embargo, en la reunión del 5 de mayo de 2023, la misma en la que se resolvió pedir expertos a la facultad, la mesa postergó esa incorporación. El acta estableció que le darían participación “cuando se llegue al punto en cuestión del objeto del amparo”. Según la presentación, nunca fue convocado.

El Cecara, la disolución y la sospecha de “represalia”

En 2001, Sarasola y otros docentes de la UNLPam fundaron el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (Cecara), que funcionaba dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Buena parte de lo que hoy se sabe sobre el águila coronada y la electrocución de aves salió de las investigaciones de ese centro, cuyos trabajos recibieron reconocimientos nacionales e internacionales.

En agosto de 2024, el Consejo Directivo de la Facultad propuso desvincular al Cecara de esa unidad académica, decisión que terminó en su disolución. Entre los fundamentos de la Resolución 354/24, con la que la facultad formalizó la propuesta, se mencionaba que Sarasola había presentado pedidos de información ambiental y hecho cuestionamientos ante la Subsecretaría de Ambiente, el organismo que coordinaba la mesa técnica y controlaba los impactos ambientales de las líneas eléctricas.

En diciembre de 2025, sobre la base de aquella resolución, el Consejo Superior de la UNLPam dispuso la disolución del Cecara. Las investigaciones continúan en la Fundación Cecara, que obtuvo su personería jurídica otorgada por la Provincia en septiembre de 2026.

El reproche a la Facultad por su postura sobre la ciencia

A comienzos de noviembre de este año, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales repudió públicamente la exoneración de la investigadora Virginia Aparicio, del INTA. “Es curioso que la misma Facultad que hoy sale a defender a una investigadora perseguida por su actividad científica no haya aplicado ese criterio cuando se trató de un centro de investigación de su propia casa, o que condene el supuesto disciplinamiento institucional por parte del INTA cuando la misma Facultad lo ha ejercido persistentemente”, cuestionó Sarasola.

Sobre la presentación dirigida a Marull, explicó que recurrió al rector y presidente del Consejo Superior para que se cumpla con el deber de denunciar hechos que podrían constituir delitos. “Solicito que se cumpla con la obligación que tiene cualquier funcionario público cuando toma conocimiento de un hecho que podría constituir delito, y que la Justicia determine si lo fue”, sostuvo.

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