Dos días de paro judicial en Chaco: el detalle del proyecto que podría desatar una ola de juicios

La Intergremial Judicial del Chaco cerró este viernes dos jornadas de paro con una medida sin asistencia a los lugares de trabajo, en rechazo al proyecto de ley 2141/26 que impulsa el Poder Ejecutivo provincial. El conflicto salarial que mantiene en vilo a unos 4.200 trabajadores del Poder Judicial chaqueño podría derivar en una nueva seguidilla de demandas contra el Estado.

El jueves, los trabajadores habían realizado un paro con retiro y concentraciones frente a las torres civiles de Resistencia y en dependencias judiciales del interior. El secretario general de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco (Utjch), Walter Bernard, calificó de "contundente" el acatamiento en los tribunales de toda la provincia y describió el ánimo del personal como de "bastante molestia" ante la posibilidad de modificar el sistema salarial vigente.

El «desenganche» que enciende las alarmas

El reclamo central de los gremios es el rechazo y archivo de la iniciativa presentada por el Ejecutivo ante la Legislatura. Según Bernard, el proyecto pretende crear un adicional para magistrados y funcionarios sin trasladarlo proporcionalmente al resto del personal, que quedaría "desenganchado" del cargo que se toma como referencia para calcular sus remuneraciones.

"Por cada $100 que percibe un ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el personal judicial cobra un porcentaje", explicó el dirigente al describir el régimen de porcentualidad establecido por la Ley 468-A.

Para el sindicato, la creación de un concepto salarial que no se incorpore a ese cálculo afectaría la relación entre las remuneraciones de los distintos cargos. Bernard advirtió que una modificación de ese tipo podría dar lugar a nuevas demandas judiciales, tal como ocurrió décadas atrás con el caso Müller.

El fantasma del caso Müller

El antecedente que citó Bernard se remonta a la sanción, en 1983, de la ley provincial 2895, conocida como "ley de enganche". Trabajadores judiciales cuestionaron entonces que distintos aumentos otorgados a los integrantes del Superior Tribunal no se hubieran reflejado en los sueldos del resto del personal conforme a la escala de porcentualidad.

Las demandas se acumularon en una causa encabezada por Gustavo Adolfo Müller. En 1989, un STJ integrado ad hoc hizo lugar al reclamo, declaró vigente el régimen de enganche y ordenó reajustar los salarios desde junio de 1985. La provincia recurrió esa decisión, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible su presentación en 1998, según consta en un dictamen del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

El conflicto continuó: en 1991, una resolución del Superior Tribunal creó un suplemento mensual que representaba un incremento del 113% para sus jueces. La falta de traslado de ese concepto al resto de la escala dio lugar a nuevas demandas iniciadas a partir de 1992. Años después, en la causa Müller se declaró la nulidad de aquella resolución por ilegitimidad.

El dictamen fiscal registra además que los demandantes cuestionaron la forma en que la provincia cumplió la primera sentencia: señalaron que se liquidó y pagó solo una parte de lo adeudado, y que la deuda histórica fue abonada mediante títulos públicos.

"Lo que pretende este proyecto es generar un adicional nuevo y no trasladarlo al resto del personal", afirmó Bernard, para quien los fallos anteriores son un antecedente que la Legislatura debería considerar antes de tratar la iniciativa.

Pedido de diálogo y descuentos

La Intergremial ya presentó ante la Cámara planteos de inconstitucionalidad e inconvencionalidad, sobre los que pidió una respuesta institucional. Además, solicitó reuniones a la presidencia de Diputados y a todos los bloques: hasta ahora fueron recibidos por legisladores de la oposición y por dos integrantes del oficialismo.

"Estamos exigiendo el diálogo con los otros diputados del bloque oficial antes de que se expidan públicamente", manifestó Bernard, preocupado por declaraciones de legisladores que se pronunciaron sobre el proyecto sin haber escuchado, según afirmó, la posición de los trabajadores.

El dirigente estimó que el Poder Judicial chaqueño cuenta con unos 4.200 integrantes, de los cuales alrededor de 850 son magistrados y funcionarios. Otro punto del reclamo es la reglamentación y aplicación del artículo 9 de la Ley 3424-A, que contempla el cálculo y la incorporación gradual, para todos los trabajadores judiciales, de la diferencia entre la remuneración del cargo testigo de juez de Cámara del Chaco y la media nacional.

Bernard también cuestionó que el proyecto se presentara después de una mesa técnica salarial de la que participaron representantes del STJ, la Asociación de Magistrados, los gremios y el Poder Ejecutivo. A su entender, avanzar con una modificación del régimen sin resolver previamente las objeciones de los trabajadores debilitaría ese ámbito de discusión.

El conflicto sumó tensión por la decisión del STJ de descontar los haberes correspondientes a las jornadas de paro del jueves y viernes. "Estamos denunciando un problema institucional grave", sostuvo el dirigente, para quien el desacuerdo excede la discusión de un adicional salarial porque involucra decisiones del Poder Judicial, un proyecto del Ejecutivo y su tratamiento en la Legislatura.

Tras las dos jornadas de protesta, Bernard anticipó que la Intergremial intentará reunirse la próxima semana con diputados del oficialismo y representantes del gobierno provincial. "Queremos dialogar y discutir este tema de manera seria y razonable. Tiene que servirnos a todos y no a un grupo", expresó. Por ahora, los gremios mantienen su pedido de archivo del proyecto 2141/26 y de aplicación del régimen salarial que consideran vigente.