Dos circulares secretas del Ministerio de Educación que encienden alarmas en Catamarca
¿Qué esconden las circulares del Ministerio de Educación que tienen en vilo a docentes y directivos? Los detalles que nadie contó sobre el control y el silencio impuesto en las escuelas catamarqueñas.
Dos documentos internos a los que accedió INFORAMA revelan un estilo de conducción que centraliza el poder, restringe el acceso a las escuelas y silencia a docentes y directivos. Las circulares, firmadas por altos funcionarios del Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca, establecen protocolos que van más allá de la seguridad para imponer un control férreo sobre cada decisión.
¿Qué dicen los documentos?
El primero, fechado el 19 de mayo, lleva la firma de Analía Elizabeth Valcalda (secretaria de Gestión Educativa) y Natalia Arroyo Pacheco (subsecretaria de Formación para el Trabajo e Inclusión Laboral). Bajo el título de "disposiciones generales de seguridad", invoca leyes provinciales y nacionales, pero su contenido excede lo sanitario para regular quién puede ingresar a las escuelas y cómo.
El punto 1 establece que el ingreso está reservado exclusivamente a estudiantes, padres, docentes y personal jerárquico del Ministerio. Cualquier persona ajena —proveedores, técnicos, inspectores— necesita autorización escrita previa, una "condición excluyente". No hay mención a legisladores ni mecanismos de control institucional.
Además, las escuelas deben mantener puertas y portones cerrados con llave durante el horario de clases. Ante una emergencia, el protocolo ordena notificar a la Supervisión Pedagógica y esperar una "apertura supervisada". Ni siquiera en una contingencia las escuelas pueden resolver por su cuenta.
Cada persona externa autorizada debe registrarse en un libro de firmas con nombre, DNI, organismo, motivo y horarios. Y ante cualquier "situación compleja", las autoridades deben labrar un acta y elevarla en 24 horas hábiles. El incumplimiento expone a los directivos a sumario y sanciones administrativas.
Un guión único para la prensa
La circular N° 04/2026, del 3 de julio, va más allá. Emitida por la Supervisión Pedagógica de Secundaria, establece que toda modificación de la presencialidad —suspensiones, cambios de horario— es competencia exclusiva de la Dirección Provincial o la autoridad ministerial. Ni directivos ni supervisores pueden decidir.
Fija una secuencia obligatoria de ocho pasos que debe cumplirse "sin omitir ni adelantar ninguna etapa", incluso en emergencias. La nota aclaratoria dice: "La urgencia se resuelve agilizando el flujo de información, nunca adelantando decisiones locales".
El punto 3 prohíbe "expresamente" que directivos o docentes den declaraciones que "informen, anticipen o interpreten" medidas. La única respuesta autorizada ante la prensa es: "La situación se encuentra en proceso de relevamiento y cualquier medida será comunicada oficialmente por los canales institucionales". Un guión literal, sin margen de error.
La oposición contraataca
La diputada provincial Natalia Herrera (bloque Generar) ya había denunciado estas restricciones días antes en el programa El Ágora, de TVEO. Cuestionó que una circular "restringe el ingreso de legisladores a las escuelas para realizar tareas de control".
"Necesitamos que la ministra Soria vaya a la Legislatura y responda las preguntas de todos los diputados", reclamó Herrera, en referencia a la ausencia de la funcionaria a la Comisión de Educación. En su lugar asistieron funcionarios de otras áreas.
La diputada calificó la situación como "muy compleja" y ejemplificó: "Hay jardines que no tienen baños para docentes, por eso tratan de no tomar agua para no tener ganas. Esto es inadmisible". También criticó que los funcionarios que asistieron se excusaron diciendo que llevaban "dos meses" en el cargo. "Este gobierno está hace 15 años y la educación sigue en crisis", fustigó.
