Dos causas, 16 imputados y cuatro nombres que aparecen en ambas: el entramado que investiga la Justicia de Santa Cruz

La Justicia Federal de Río Gallegos tiene en sus manos dos expedientes que se cruzan: uno por presunto tráfico de cocaína y otro por el manejo de bienes vinculados con Lázaro Báez. En total hay 16 imputados y cuatro nombres aparecen en las dos causas. La Fiscalía ya trazó el mapa de roles que les atribuye, siempre en carácter provisorio y sin que ello implique culpabilidad.

El centro de las pesquisas es Río Gallegos, aunque el radio se extiende a El Calafate, a estancias santacruceñas y a otros puntos del país. La acusación sostiene que una organización habría trasladado y distribuido droga y que, en paralelo, otra estructura habría administrado propiedades, campos y fondos vinculados con Báez.

El Ministerio Público Fiscal informó que el expediente patrimonial analiza un flujo de $390.880.000. En la causa narco, la hipótesis fiscal apunta a la comercialización de alrededor de 60 kilos de cocaína desde diciembre de 2025.

La estructura patrimonial y sus diez nombres

En esta causa, la Fiscalía ubicó a Lázaro Antonio Báez como presunto jefe de una estructura de diez personas. Según la acusación, habría seguido dando instrucciones desde la cárcel para administrar bienes alcanzados por medidas judiciales.

Los otros diez imputados y los roles que les atribuye la Fiscalía son:

Claudia Noemí Insaurralde, pareja de Báez. La acusación la señala como parte de la conducción ejecutiva y como una de las personas que habría intervenido en la administración de propiedades y movimientos económicos.

Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como "Budín". La Fiscalía lo considera operador territorial de Báez y nexo entre la investigación patrimonial y la causa narco.

Fausto Ignacio Devetac y Valentina Micaela Devetac, señalados en la hipótesis fiscal por presuntas tareas de apoyo logístico y uso de terceros en la titularidad de bienes. A Valentina también se le atribuye haber prestado una billetera virtual para recibir transferencias de Ibáñez.

Paula Beatriz Godfrid y su hijo, Mauro Gastón Trevisan Godfrid, vinculados por los investigadores con operaciones ganaderas y movimientos de fondos.

Diego Ernesto Navarro, señalado como colaborador contable.

Jorge Manuel Ulloa, a quien la Fiscalía atribuye un papel en la circulación y estratificación financiera.

Jorge Elías Agustín Agüero, señalado como operador de enlace y verificación de bienes.

Oscar Raúl Núñez, mencionado como contraparte de operaciones y encargado de relevar campos.

Los nueve imputados de la causa narco

La investigación por narcotráfico tiene nueve imputados. Según la reconstrucción de la audiencia, la Fiscalía atribuye a los siguientes ocho una participación en la presunta organización dedicada al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos:

Cristian Sebastián Ibáñez, señalado como uno de los presuntos jefes y como nexo con el grupo investigado por el manejo de bienes de Báez.

Jorge Elías Agustín Agüero, Jorge Manuel Ulloa y Juan Pablo Bárquez, mencionados entre quienes habrían conducido el circuito de provisión y distribución.

Pedro Nahuel Leal, vinculado a uno de los hechos investigados: en un allanamiento en su vivienda se secuestraron cocaína y cannabis que, según la Fiscalía, estaban destinados a la venta.

Paula Makarena Bárquez, señalada por sus movimientos financieros y su presunto vínculo con el grupo.

José Ariel Silva, a quien la acusación ubica en tareas de colaboración vinculadas con el local y los vehículos.

Aldo Rubén Herrera, mencionado por su presunta participación en reuniones y transferencias.

La novena es Valentina Micaela Devetac, a quien la Fiscalía atribuye una participación secundaria. Según la acusación, habría prestado su cuenta de Mercado Pago para recibir dinero transferido por Ibáñez.

Cuatro nombres se repiten en los dos expedientes: Ibáñez, Devetac, Ulloa y Agüero. Esa superposición es el principal punto de contacto entre la pesquisa por drogas y la investigación patrimonial.

Lavadero, estancias y departamentos: el mapa santacruceño

La hipótesis narco sostiene que la droga habría sido trasladada en camiones y distribuida en Río Gallegos. Los investigadores analizaron la actividad de Esperanza Trucks, donde funcionaban un lavadero, un lubricentro y un taller. La Fiscalía sostiene que el lugar habría servido como punto de recepción, acopio y encuentro.

En la causa patrimonial aparecen las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, además de las empresas Austral Agro y Kank y Costilla. También se investigan unidades del edificio Koonek, en Río Gallegos, y propiedades en El Calafate.

En La Entrerriana, los investigadores encontraron un contrato de alquiler rural a favor de Ibáñez por $2 millones mensuales. Las planillas secuestradas indicarían que no pagó y acumuló una deuda de $12 millones. Para la Fiscalía, esa situación podría ser compatible con un acuerdo simulado o de favor.

Otra línea apunta a un convenio ganadero por 7.000 ovejas en la estancia Coronel Guarumba, que ya tenía alrededor de 1.000 animales de Austral Agro. Según información del expediente publicada por Infobae, Paula Beatriz Godfrid y su hijo habrían transferido $26,2 millones a Ibáñez entre abril y octubre de 2026. También se investiga una conversación sobre la posible venta de 600 ovejas sin documentación y un lote de lana para obtener 10.000 dólares. La Fiscalía debe establecer si esas operaciones se concretaron y cuál fue su finalidad.

En otro procedimiento, en la vivienda de Leal, se incautaron 725 gramos de cocaína y 1.305 gramos de cannabis. Los investigadores consideran que estaban destinados a la venta.

Qué se investiga sobre Báez y qué resolvió el juez

En este expediente, la acusación contra Báez se refiere al presunto manejo de bienes y fondos alcanzados por restricciones judiciales. La información difundida hasta ahora no le atribuye participación directa en el transporte o la venta de cocaína; el vínculo que investiga la Fiscalía pasa por Ibáñez y por la posible utilización de personas y negocios conectados con ambas causas.

El juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, declaró legales 12 detenciones y dispuso prisiones preventivas; para los otros cuatro imputados fijó medidas de coerción. También estableció un plazo de hasta dos años para completar la investigación.

Entre las medidas ordenadas figuran el embargo preventivo de vehículos, pedidos de información societaria y financiera y la continuidad del relevamiento del ganado en establecimientos rurales. La Fiscalía deberá presentar un inventario detallado de los bienes y elementos secuestrados.

La causa continúa en etapa inicial. La Justicia deberá determinar qué participación tuvo cada imputado, el origen de los fondos investigados y si las operaciones sobre propiedades, campos y vehículos se relacionan con la presunta actividad narcocriminal. Todos mantienen la presunción de inocencia.