Dos balas sobre el escritorio: la amenaza mafiosa que recibió el funcionario que clausuró el bar del caso Agostina

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, destapó un hecho escalofriante: a un mes del femicidio de Agostina Vega, un funcionario municipal fue amenazado con dos balas dejadas sobre su escritorio después de clausurar el bar Punta Alvear, vinculado al caso.

La denuncia se conoció en medio de la conmoción que aún sacude a Córdoba por el crimen de la adolescente de 14 años, cuyo principal acusado es el empleado municipal Claudio Barrelier. El caso puso bajo la lupa al bar Wachitas, donde Barrelier tenía vínculos directos.

En una entrevista con Arriba Córdoba (Eldoce), Passerini reveló que el presidente del Ente de Fiscalización y Habilitaciones fue el blanco de la amenaza. “Al presidente del ente de fiscalización le pusieron dos balas arriba del escritorio”, relató el intendente, y agregó: “Antes de mi gestión, nadie lo tocaba”.

El jefe comunal fue contundente: “Ese lugar se clausuró de manera definitiva, su propietario amenazó a nuestro funcionario y está denunciado penalmente”.

¿Qué pasó con el bar Punta Alvear?

Punta Alvear, ubicado en el centro de la ciudad, fue clausurado por la Municipalidad tras detectarse irregularidades. La amenaza mafiosa no es un hecho aislado: Passerini aseguró que el propietario del local ya está denunciado penalmente por intimidar al funcionario.

El caso de Agostina Vega desató una crisis institucional en Córdoba. Los vínculos de Barrelier con Wachitas llevaron al municipio a crear una unidad ejecutora especial que trabajará junto a la Policía de Córdoba y el Ministerio de Seguridad para realizar operativos integrales en bares, boliches y locales nocturnos.

Más de 7.000 habilitaciones bajo la lupa

El objetivo es revisar más de 7.000 habilitaciones en apenas 90 días. La intención oficial es detectar irregularidades, cortar posibles circuitos de corrupción y reforzar los controles en una actividad históricamente cuestionada.

Passerini reveló que ya hay 119 agentes municipales exonerados y detenidos por distintas irregularidades. De ellos, 91 ingresaron al Estado entre 2003 y 2007 como parte de supuestos pagos de favores a empresarios nocturnos. “Muchos de estos que no han querido colaborar están procesados y detenidos”, remarcó el intendente.

En el último año, el Ente de Fiscalización multiplicó los cierres de locales irregulares, pasando de 90 a 700 clausuras.

Reforma para evitar reaperturas truchas

Para evitar que los bares clausurados reabran bajo otro nombre, el Ejecutivo municipal impulsa una reforma de las ordenanzas de Habilitaciones y Espectáculos Públicos en el Concejo Deliberante. El plan incluye la creación de un registro público y sanciones que alcanzarán tanto a los dueños de los comercios como a los propietarios de los inmuebles.

“Entiendo que esta es la oportunidad de terminar esta problemática”, concluyó Passerini, decidido a cortar con años de impunidad.