Donaron un campo que ya habían vendido: la maniobra que terminó en la Justicia

¿Una venta que terminó en una donación sospechosa? La Justicia investiga a una pareja de Quines por estafar a un comprador. Los detalles de la maniobra que los llevó a los tribunales.

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Donaron un campo que ya habían vendido: la maniobra que terminó en la Justicia
Donaron un campo que ya habían vendido: la maniobra que terminó en la Justicia

Una pareja de Quines enfrenta cargos por una maniobra que dejó a un comprador sin su campo. La Fiscalía los acusa de estafar a Fabián Darío Salgado tras venderle un inmueble y luego donarlo a sus familiares.

Deolindo Oscar Arce y María Cristina Llanos fueron imputados por la Fiscalía de Instrucción N°1 por la venta de un campo de 423 hectáreas ubicado en el paraje La Constancia, departamento Ayacucho.

Según la acusación, la pareja vendió el inmueble a Salgado y recibió pagos por la operación, pero después se negó a realizar la escrituración. Ante esa situación, el comprador consignó el saldo pendiente por vía judicial.

La donación que complicó todo

La investigación reveló que, pese al conflicto judicial, Arce y Llanos intentaron en septiembre de 2023 ceder los derechos litigiosos sobre el inmueble, pero la Justicia rechazó esa operación.

Luego, el 25 de septiembre de 2024, la pareja habría transferido el campo a título gratuito a tres familiares: Rodrigo Matías Arce, Fermín del Rosario Arce y Oscar Nicolás Arce. La escritura de donación quedó inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble el 27 de septiembre de 2024.

Para el fiscal Francisco Assat, esa maniobra provocó un perjuicio patrimonial contra Salgado. "Los imputados consumaron la estafa el día 25 de septiembre de 2024", sostuvo durante la formulación de cargos.

Entre las pruebas presentadas figuran los tres boletos de compraventa, recibos de pago, una carta documento, expedientes civiles y las escrituras cuestionadas.

Qué resolvió la Justicia

El juez Juan Manuel Montiveros Chada dio por formulados los cargos contra la pareja y estableció como medida de coerción la firma en el libro cada 90 días, tal como había solicitado el Ministerio Público.

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