Documentos apócrifos y denuncias: la UNaF al borde de una crisis institucional
¿Documentos falsos para colar a un consejero en la UNaF? El decano Martínez ya tiene nombre y apellido de los implicados y una ruta judicial clara.
La Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) estalló en un escándalo que podría reconfigurar su Consejo Directivo. El decano Carlos Aníbal Martínez confirmó que radicará una denuncia penal y administrativa por la presunta adulteración de documentos para incorporar a un nuevo consejero de manera irregular.
Martínez, presidente del Consejo Directivo, calificó el hecho como “un atropello directo a la normativa vigente” y aseguró que la maniobra busca alterar la correlación de fuerzas dentro del órgano de gobierno. El conflicto escaló tras detectarse movimientos para forzar el ingreso de un integrante sin cumplir los requisitos legales.
¿Quién es el señalado como responsable?
El decano apuntó directamente contra el consejero Ramón Aguilera, a quien acusa de haber presentado documentación “presuntamente apócrifa” con el objetivo deliberado de posibilitar el ingreso ilegal de un consejero. Según la denuncia, la irregularidad habría sido premeditada y ejecutada con conocimiento de causa.
“Es un hecho muy grave que busca vulnerar el marco normativo que rige el funcionamiento del máximo órgano de gobierno de nuestra facultad”, sostuvo Martínez, quien adelantó que formalizará la denuncia ante el Consejo Directivo, luego ante el Honorable Consejo Superior y finalmente en la Justicia.
La red de apoyos que salpica a la conducción
Pero el escándalo no se limita a Aguilera. La denuncia alcanza a la ingeniera Mónica Barrientos, la ingeniera Elisabeth Cohene y al propio vicedecano, ingeniero Carlos Sanabria. Martínez los acusa de haber “promovido y acompañado la incorporación de un consejero al Consejo Directivo mediante el uso de documentación presuntamente apócrifa”.
Hasta el momento, ninguno de los acusados emitió descargos públicos. La comunidad universitaria aguarda la radicación formal de las presentaciones judiciales y administrativas, mientras la transparencia institucional queda bajo la lupa.
