Docentes exigen investigar 17 institutos por títulos truchos y ponen contra las cuerdas a Jalil

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quedó en el centro de la tormenta después de que el Sindicato de Docentes de Catamarca (SIDCA) pidiera a la Justicia investigar un presunto escándalo de títulos irregulares en los 17 Institutos de Estudios Superiores (IES) de la provincia. El gremio cuestionó los mecanismos de control y solicitó auditorías exhaustivas.

La presentación formal del SIDCA, que busca ser admitido como querellante en la causa penal, responsabiliza a la estructura gubernamental por permitir supuestas fallas estructurales en el sistema de validación de carreras docentes.

El propio Ministerio de Educación y Trabajo provincial admitió la existencia de al menos 35 títulos con inconsistencias graves en carreras de formación docente correspondientes a los ciclos 2024 y 2025. Aunque el Ejecutivo provincial dispuso la intervención de la conducción del IES afectado, el planteo sindical deja expuesta a la gestión central por la vulnerabilidad de las auditorías oficiales.

Según detalló El Esquiú, la documentación aportada por el sindicato consta de una foja útil, 46 fojas selladas y los correspondientes anexos de representación legal. Mientras la Justicia determina si acepta al gremio como parte querellante en la causa, la falta de respuestas de fondo por parte del gobierno de Jalil alimenta la sospecha de una crisis de fiscalización generalizada en el sistema educativo catamarqueño.

Respuesta oficial, anomalías detectadas y posibles consecuencias

La reacción oficial se inició antes del pedido del gremio. El 11 de agosto, el Ministerio de Educación y Trabajo informó públicamente que había detectado 35 títulos con inconsistencias, entre ellas documentos presuntamente apócrifos, registros duplicados y discordancias en los libros de exámenes. La cartera ya había presentado una denuncia penal el 24 de abril, que luego amplió con nueva evidencia.

La denuncia penal presentada y luego ampliada por el Ministerio de Educación y Trabajo incluye los siguientes puntos:

- Intervención y designación de un equipo normalizador en el IES Clara J. Armstrong.
- Identificación de 35 títulos con irregularidades preliminares.
- Reclamo gremial para revisar el impacto en juntas de clasificación y órdenes de mérito.

La ministra Verónica Soria designó un equipo normalizador en el instituto con el objetivo de reorganizar su conducción, preservar la documentación y acompañar tanto la investigación administrativa como la causa penal. Según la funcionaria, el área legal del ministerio puso toda la información a disposición de la Justicia.

Padres tomaron una escuela de Catamarca para exigir explicaciones sobre el uso de fondos

A comienzos de esta semana, los padres de alumnos de la Escuela N.º 336 “Julio Ricardo Figueroa”, de la localidad de Cóndor Huasi, tomaron el establecimiento para reclamar respuestas sobre la administración de las partidas destinadas al comedor escolar y solicitaron la presencia de autoridades del Ministerio de Educación.

El reclamo incluye cuestionamientos sobre determinados gastos que, según sostienen, no estarían debidamente justificados. De esta manera, plantearon dudas respecto al destino de los fondos correspondientes al servicio de apoyo alimentario durante el período en que la escuela permaneció en obras y los alumnos recibían clases de manera virtual.

De acuerdo a lo detallado por El Ancasti, las familias reclaman que funcionarios provinciales escuchen sus inquietudes y brinden información sobre el destino de las partidas del comedor, además de las cuestiones administrativas que consideran necesario esclarecer.

Esta situación no es aislada: en mayo pasado, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) denunció una situación de vulneración de derechos en la localidad de Antofagasta de la Sierra, donde familias iniciaron una permanencia pacífica en la Escuela Primaria N°494 en reclamo por la restitución de la alimentación escolar.

Según el comunicado difundido por el organismo, padres y madres decidieron no enviar a sus hijos a clases "mientras no se restituyan el desayuno, almuerzo y merienda", lo que derivó en la reducción de la jornada escolar. Desde Serpaj señalaron que acompañan la medida al considerar que comete "la violación de los derechos humanos de niñas y niños".

De acuerdo a lo detallado por el medio ANRed, uno de los padres sintetizó el reclamo. "Queremos que se garantice una alimentación adecuada para todos los niños", exigió. Los reclamos se dan en un contexto nacional marcado por el ajuste y el deterioro de las políticas sociales por decisión del presidente Javier Milei. Los recortes impactan de manera directa en las comunidades más vulnerables, mientras el gobernador Jalil apoya las polémicas reformas estructurales de Nación.