Docentes copan el centro de San Salvador de Jujuy: ¿qué piden en la marcha provincial?

Este martes, los docentes jujeños tomaron las calles del centro de San Salvador de Jujuy en el marco de un plan de lucha de 72 horas que promete ser intenso. La movilización, respaldada por trabajadores de la educación de toda la provincia, busca visibilizar el reclamo salarial y exigir una nueva convocatoria a paritarias.

Antes de salir a las calles, los gremios docentes ofrecieron una conferencia de prensa. Allí, la secretaria general del CEDEMS, Mercedes Sosa, dejó en claro el principal pedido: “Necesitamos que el Gobierno nos convoque a una nueva mesa de diálogo”. El reclamo se da en medio de las discusiones salariales que mantienen los sectores docentes.

¿Quiénes participan de la marcha?

La movilización es impulsada por el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), pero no son los únicos. Los “autoconvocados” de ADEP se plegaron a la medida y anunciaron un paro para lunes, martes y miércoles. También se sumaron a la marcha provincial.

Desde el gremio que nuclea a docentes de nivel medio y superior afirmaron que no “quebraron ningún diálogo” con el Gobierno de la Provincia. Esta declaración contrasta con lo dicho por el secretario de Comunicación, Alberto Siufi, quien había señalado que “en el mismo momento que se publica la circular ese diálogo está fracturado”.

El Gobierno cuestiona la legitimidad del paro de ADEP

El Ejecutivo provincial salió al cruce y afirmó que el paro de ADEP “carece de legitimidad estatutaria”. A través de un comunicado oficial, informaron que la convocatoria a la medida de fuerza no fue dispuesta por los órganos habilitados según el estatuto del sindicato.

Según explicaron, ADEP está en un proceso de normalización institucional y no cuenta con una Comisión Directiva en funciones, ni se convocó al Congreso Extraordinario Provincial. Las personas que se presentan como delegados escolares o zonales no tienen atribuciones para convocar un paro en representación del sindicato, advirtió el Gobierno.

Además, el Ejecutivo alertó que la adhesión a una medida de fuerza no convocada por los órganos competentes “podrá generar las consecuencias administrativas previstas por la legislación vigente”.