Divididos, los jueces anularon el procesamiento de Alberto Fernández: ¿qué pasará ahora?
La Justicia anuló el procesamiento de Alberto Fernández por corrupción en la causa Seguros. Los jueces no discutieron su inocencia, pero sí un error de procedimiento. ¿Qué implica esta decisión para el futuro judicial del expresidente?
La Sala IV de la Cámara de Casación, con un voto mayoritario, anuló este miércoles el procesamiento por corrupción del expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros. La decisión no implica su inocencia, sino que ordena a la Cámara Federal dictar un nuevo fallo.
Los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo conformaron la mayoría que anuló la confirmación del procesamiento. En cambio, el juez Gustavo Hornos votó en disidencia, al considerar que el recurso era inadmisible.
¿Por qué se anuló el procesamiento?
La defensa de Fernández argumentó que la confirmación del procesamiento por parte de la Cámara Federal era arbitraria, con una errónea interpretación de la ley y violación del debido proceso. El fiscal de Cámara, José Luis Agüero Iturbe, también había pedido revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito.
Borinsky sostuvo que la Cámara Federal resolvió en exceso de la pretensión acusatoria, afectando el principio acusatorio y el contradictorio. Carbajo coincidió en que hubo un exceso en la decisión del tribunal de alzada.
El voto disidente de Hornos
El juez Gustavo Hornos consideró que el fallo de la Cámara de Apelaciones no era una sentencia definitiva, por lo que no debía ser revisado. Además, señaló que la defensa no demostró un agravio de imposible reparación. Para Hornos, el procesamiento estaba suficientemente fundado en derecho y en las constancias de la causa, corroborando la existencia de un esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales.
Los detalles de la causa
La investigación, iniciada tras una denuncia de Clarín, involucra un decreto firmado por Fernández, 45 contratos, 25 intermediarios de seguros, comisiones millonarias y una cooperativa que funcionó como financiera. La justicia calificó el entramado como una “estructura criminal” para desviar fondos públicos. El monto de las comisiones pagadas a intermediarios fue de 3.364.522.944 pesos.
El broker Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente, se quedó con el 59,6% de las comisiones. Los delitos imputados incluyen administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.
El expediente ahora vuelve a la Cámara Federal para que dicte un nuevo pronunciamiento. La decisión de Casación no discute el fondo del caso, sino que ordena revisar el procedimiento que llevó a confirmar el procesamiento.