Discapacidad: el grito que sacude el Congreso antes de una votación clave

La pelea por la Emergencia Nacional en Discapacidad volvió al centro de la escena legislativa y las organizaciones del sector redoblaron la presión. En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), cuestionó cómo se están tratando los proyectos y reclamó que las personas con discapacidad sean parte de la discusión.

El planteo acompaña un comunicado difundido el 28 de septiembre por organizaciones del colectivo, que rechazaron tanto el tratamiento legislativo de la prórroga de la emergencia como la incorporación de un nuevo proyecto del Gobierno nacional presentado como alternativa superadora. Para el documento, la falta de participación del colectivo vulnera el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tratado con jerarquía constitucional en Argentina.

Una ley, dos años y una deuda que sigue abierta

Troiano recordó que la emergencia fue declarada por dos años y cuestionó que, según REDI, en ese período no se asignaron los recursos para cumplirla. Entre los puntos centrales mencionó las pensiones por discapacidad, que diferenció del concepto de “incapacidad laboral” que usa el Gobierno.

Para la dirigente, hablar de pensiones por discapacidad es reconocer que muchas personas afrontan tratamientos y apoyos que no pueden solventar por sus propios medios, y que además enfrentan más dificultades para acceder al mercado laboral. También señaló que la pensión permite acceder a prestaciones de salud mediante Incluir Salud, programa que admitió tiene deficiencias pero funciona como vía de acceso a la atención sanitaria.

La Ley 27.793, sancionada en 2025, declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y fijó medidas sobre pensiones no contributivas, prestadores del sistema de prestaciones básicas, actualización de aranceles y financiamiento. La norma fue observada en su totalidad por el Poder Ejecutivo, pero el Congreso insistió con su sanción. Luego fue promulgada y el Ejecutivo sostuvo que su ejecución quedaba suspendida hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas presupuestarias.

En febrero de 2026 el Ejecutivo aprobó la reglamentación de la Ley 27.793. En sus fundamentos, el Decreto 84/2026 consignó que una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana declaró inválido el artículo que suspendía la ejecución de la ley y ordenó su aplicación inmediata; el Estado apeló esa decisión.

“Estamos cansados de que hablen por nosotros”

Uno de los ejes de la entrevista fue la ausencia de las organizaciones en el proceso legislativo. Troiano sostuvo que es una obligación derivada de la Convención y remarcó que las personas con discapacidad deben tener voz en las decisiones que afectan sus derechos.

El comunicado señala que en la reunión informativa de comisiones del 16 de septiembre en la Cámara de Diputados la participación de personas con discapacidad y de sus organizaciones fue nula. También cuestiona las convocatorias con escasa anticipación y los cambios de último momento, que dificultan una participación informada.

Troiano insistió en que el colectivo no quiere ser representado solo por terceros, sino intervenir directamente en las discusiones que definen las políticas públicas que lo afectan. Recordó que la Convención fue elaborada con participación de organizaciones del propio colectivo y que en Argentina adquirió jerarquía constitucional en 2014.

“Estamos cansados de que hablen por nosotros”, resumió durante la entrevista, al reclamar a los diputados que permitan la participación de las organizaciones en el debate.

El nuevo proyecto bajo la lupa

El comunicado también rechaza el dictamen de mayoría aprobado el 23 de septiembre por las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Según el documento, ese dictamen busca sustituir la prórroga de la Ley 27.793 por un régimen permanente llamado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”.

Las organizaciones plantean que un régimen permanente no debería cerrar la discusión sobre una emergencia cuyas causas, sostienen, siguen presentes. Reconocen que el dictamen incluye medidas que podrían contribuir al sostenimiento del sistema, como previsiones sobre financiamiento, actualización de prestaciones y continuidad de beneficios. Pero advierten que otras modificaciones generan preocupación por posibles retrocesos en garantías existentes y por la delegación de aspectos sustantivos en la reglamentación del Poder Ejecutivo. Por eso rechazan que las medidas que consideran necesarias queden condicionadas a la aceptación de otras que, según su interpretación, podrían reducir derechos.

Troiano también se refirió al intento de incorporar cambios sobre discapacidad dentro de la discusión presupuestaria. Según explicó, desde REDI lo interpretaron como una forma de evitar el debate específico sobre la emergencia. Uno de los puntos que cuestionó fue la intención de modificar normas del sistema integral de discapacidad y de la cobertura de prestaciones. En particular, señaló el retiro del denominado baremo, el protocolo que establece criterios para determinar patologías y coberturas. A su entender, esa modificación podía dejar mayor margen de decisión a obras sociales y prepagas sobre las prestaciones que cubren.

La dirigente cuestionó además que ese proyecto se presentara a última hora de la noche, cuando al día siguiente estaba previsto el tratamiento de la emergencia. El comunicado coincide: las organizaciones recibieron convocatorias con poca anticipación y enfrentaron cambios de último momento que, según sostienen, impidieron un debate adecuado.

“La discapacidad no es algo que una persona elige”

Troiano puso énfasis en diferenciar la situación de las personas con discapacidad de una mirada centrada solo en sus familias. Reconoció que en muchos hogares una persona debe dejar de trabajar para cuidar o asistir a un integrante con discapacidad, con un impacto económico que puede llevar a esas familias a la pobreza.

Pero sostuvo que el eje debe estar en las propias personas con discapacidad como sujetos de derechos. Desde esa perspectiva, cuestionó los enfoques basados en el asistencialismo, la caridad o la lástima y planteó objetivos concretos: acceso a la educación, al transporte accesible y al trabajo en igualdad de condiciones.

Vinculó la discapacidad con las barreras del entorno y cuestionó que se la asocie con “incapacidad”. Para REDI, esa mirada profundiza la exclusión y desconoce capacidades y derechos. Puso como ejemplo el transporte público: la accesibilidad no debería pensarse como un beneficio excepcional para un grupo, sino como una condición que permita trasladarse a todas las personas, incluidas quienes tienen discapacidad, adultos mayores y niños.

Justicia y Naciones Unidas

La disputa también se juega en los tribunales. Troiano señaló que una causa por el cumplimiento de la emergencia está en revisión ante la Sala 2 del Juzgado de San Martín y recordó que, un mes antes, más de 130 organizaciones presentaron una nota para pedir que se agilice la resolución antes del vencimiento de la normativa vigente.

Además, afirmó que las organizaciones recurrieron a Naciones Unidas y recibieron más de una nota verbal dirigida al Gobierno nacional. Según sostuvo, esas comunicaciones no habrían sido respondidas. El Decreto 84/2026 reconoce la existencia de una sentencia del Juzgado Federal de Campana que ordenó aplicar la Ley 27.793, aunque el Gobierno informó que la apeló.

Consultada sobre sus expectativas de cumplimiento, Troiano respondió que el motor de las organizaciones es la continuidad del reclamo. Remarcó que los derechos fueron históricamente conquistados a través de la movilización y la participación social. Recordó episodios de violencia sufridos por integrantes del colectivo en manifestaciones y afirmó que seguirán reclamando, abiertos a nuevas propuestas para avanzar.

El pedido a los diputados es concreto: participar del debate legislativo. “Nada sobre nosotros sin nosotros” es la consigna con la que las organizaciones cerraron el documento difundido este lunes.

El comunicado lleva como solicitantes a REDI, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, la Red de Asistencia Legal y Social (RALS) y la Asociación Civil Andar. Entre las que expresaron apoyo figuran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). El documento registra 1.583 adhesiones públicas, de las cuales 366 corresponden a instituciones y organizaciones.