Diputados no llegaron a la comisión y los productores dejaron un pedido urgente

La Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados vivió una jornada tensa: sin quórum reglamentario, la reunión se convirtió en informativa y la oposición apuntó contra el oficialismo por trabar el funcionamiento del cuerpo.

El encuentro estuvo encabezado por el diputado formoseño Luis Basterra (Unión por la Patria), quien recibió a integrantes del Consejo de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena y de la pesca artesanal. Los invitados expusieron sobre la situación del sector y los desafíos que enfrentan a diario.

La falta de diputados suficientes para alcanzar el quórum impidió emitir dictamen sobre los tres proyectos que estaban en consideración, un punto que la oposición no dejó pasar. “Utiliza herramientas para que la Cámara no funcione”, dispararon desde los bloques minoritarios.

El reclamo de Basterra

El presidente de la comisión cuestionó con dureza la ausencia de sus pares: “Sorprende porque no estamos por definir la deuda externa, sino hablar de la situación de miles de familias que constituyen la red más importante que tiene la agricultura y producción agropecuaria del país”.

En esa línea, consideró que “se están perdiendo una oportunidad de escuchar a los actores del territorio, quienes representan el verdadero y genuino federalismo”. Y apuntó contra los ausentes: “Probablemente no los quieren mirar porque apoyan y aprueban la Ley de Extranjerización, no sientan que somos exceso para sus intenciones de desarrollar un país que no nos incluye”.

La denuncia de Germán Martínez

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, también tomó la palabra para denunciar irregularidades en el manejo parlamentario. “Las autoridades de las áreas parlamentarias están teniendo un criterio muy estricto para emitir un dictamen cuando se consigue el quórum en el transcurso de la reunión”, señaló, y advirtió: “Este criterio lo vamos a aplicar siempre”.

“No es justo que cuando tenemos que proteger a los pequeños productores algunos se pongan en leguleyo, pero cuando tienen que entregar las tierras a manos extranjeras no dicen nada y permiten cualquier cosa”, agregó.

Más filoso, acusó al oficialismo de ejercer “aprietes, verticalizaciones de áreas que impide que la Cámara funcione” y les dejó una advertencia: “Nadie es oposición y oficialismo de por vida, utilizar estas herramientas para impedir que una comisión avance es horrible, se les vuelve en contra. Están haciendo seguidismo de la estrategia parlamentaria del oficialismo”.

El documento del Consejo: “Exigimos la derogación del DNU 70/23”

Los representantes del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina, Indígena y Pesca leyeron un documento en el que expresaron su “profunda preocupación y rechazo frente a las políticas que afectan gravemente el acceso, la permanencia y la defensa de la tierra, el territorio, el agua y los medios de vida de las comunidades indígenas, criollas, pescadoras y de la economía familiar”.

“Nos encontramos ante una situación grave. Mientras se discuten modificaciones legislativas sobre propiedad, desalojos, tierras rurales y expropiaciones, en distintos puntos del país ya hay comunidades que enfrentan conflictos, amenazas”, advirtieron. Y sentenciaron: “Entendemos que no se puede legislar sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales desconociendo la realidad de quienes producen, trabajan, habitan y cuidan dichos territorios. Es por ello que exigimos la derogación del decreto 70/23 de manera urgente”.

El texto también remarcó que el debate excede la propiedad privada: “La posibilidad de volver a discutir modificaciones a la legislación de tierras rurales continúa siendo una amenaza sobre la soberanía territorial argentina”. Y subrayaron que las tierras “no pueden convertirse en mercancía para la concentración económica”.

“No a la extranjerización, no a la concentración de la tierra”, reclamaron. Además, calificaron a los desalojos exprés como “una amenaza directa a las comunidades” y alertaron que “pueden producir consecuencias irreparables porque un territorio indígena no puede ser tratado como un territorio común”. En ese marco, rechazaron el concepto de inviolabilidad de la propiedad privada y reclamaron por el río Paraná, que “no puede ser considerado solamente como una vía para sacar producción a los puertos”.

Por último, exigieron al Congreso que ninguna norma que afecte tierras rurales, propiedad, territorios, desalojos, expropiación, agua, pesca o recursos nacionales sea aprobada sin la participación de quienes habitan y trabajan esos territorios.

La mirada desde Buenos Aires

El subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, Cristian Amarilla, también participó de la reunión y describió un panorama complicado: “La situación de la agricultura familiar en la provincia de Buenos Aires es sumamente preocupante”.

“Nuestro diagnóstico es que ante una política económica del Gobierno nacional donde, claramente, suma despidos, pero también suma baja de salarios y de jubilaciones; eso, lo que produce, es la baja de la capacidad del poder adquisitivo de los salarios y eso repercute en la demanda de alimentos”, explicó el funcionario. Y denunció que desde la secretaría de agricultura “no hay políticas para el sector y baja el financiamiento”.