Diputados exige los papeles del proyecto en la Península de Magallanes y el Consejo Agrario ya tiene fecha para ir

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó por unanimidad un requerimiento para que el Ejecutivo provincial entregue en 48 horas el expediente completo del decreto que habilitó una operación con capitales extranjeros en la Península de Magallanes. El pedido apunta a los estudios de impacto ambiental y al detalle del procedimiento administrativo. La legislatura quiere ver todos los dictámenes jurídicos y las certificaciones del Consejo Agrario Provincial y de la Secretaría de Estado de Ambiente.

El foco está puesto en el Decreto N° 0915/2026, firmado por el gobernador Claudio Vidal, que otorgó una excepción a las restricciones del Decreto Provincial N° 0994/17 para la operación de la firma ASB Hospitality Calafate SAU. Los legisladores aclararon que no buscan frenar inversiones turísticas ni empleo, sino garantizar que los emprendimientos se muevan dentro de marcos normativos claros y sin excepciones discrecionales. También marcaron la falta de participación previa de la comunidad de El Calafate y pidieron que las autoridades provinciales expongan los fundamentos técnicos del expediente.

La respuesta del Consejo Agrario

El presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, salió a responder en declaraciones a LU12 AM680. Atribuyó el pedido parlamentario a la desinformación de “algunos legisladores” y sostuvo que la falta de conocimiento preciso lleva a interpretaciones erróneas. Para despejar dudas, repasó el historial dominial de la firma La Escudera del Sur, la normativa ambiental vigente y el procedimiento técnico que llevó adelante el organismo.

Garay remarcó que los “inmuebles afectados corresponden al dominio privado desde hace más de seis décadas”. Precisó que la “provincia transfirió los títulos de propiedad en la década de 1960, por lo que el Estado provincial no posee responsabilidad directa sobre la titularidad del suelo”. Y aclaró que, de las “38.900 hectáreas que integran el área protegida de la Península de Magallanes, solo un porcentaje minoritario y de difícil acceso permanece bajo la órbita pública, mientras que el resto pertenece a privados”.

Respecto de las restricciones para construir, explicó que la “firma privada se vio imposibilitada durante décadas debido a la ausencia de un plan de manejo”. Ante esa vacancia, en 2022 la compañía “promovió un recurso de amparo que obligó al Estado provincial a elaborar el marco regulatorio correspondiente. Fue formalmente aprobado en 2023 tras ser sometido a un proceso participativo que incluyó la realización de una audiencia pública y la formulación de las correcciones normativas pertinentes”.

En ese marco, en “2023 la empresa presentó el estudio de impacto ambiental correspondiente a la totalidad de sus hectáreas en la península”. Después de completar el “circuito administrativo obligatorio ante la Secretaría de Estado de Ambiente, la evaluación técnica concluyó exitosamente en 2024 con la aprobación final, acreditando el cumplimiento pleno de la legislación vigente”.

Qué se va a construir y en qué superficie

Garay rectificó las versiones sobre la escala del proyecto y desmintió una eventual venta de territorio o de accesos hídricos. Especificó que, “sobre las 38.900 hectáreas que comprende la península en su totalidad, la autorización gubernamental habilita la intervención sobre un predio de tan solo 20 hectáreas“. Puntualizó que ese sector no tiene acceso a espejos ni cursos de agua y está delimitado exclusivamente por área boscosa.

Dentro de esa fracción de 20 hectáreas, la infraestructura aprobada ocupará 4 hectáreas. El complejo contempla 24 cabañas con un tope de 60 plazas de alojamiento, un salón de usos múltiples y senderos peatonales. Según Garay, es el primer desarrollo adecuado de forma integral a las exigencias del plan de manejo de la Península de Magallanes.

En materia ambiental, destacó que el proyecto tiene estándares de contención superiores a las exigencias mínimas vigentes en Santa Cruz. La firma incorporó un sistema de tratamiento de efluentes de tecnología avanzada y un plan de prevención y combate de incendios forestales. Confirmó que la remoción de cubierta vegetal será mínima y que la infraestructura no generará impacto visual hacia los circuitos turísticos ni entorpecerá la vista desde el Parque Nacional Los Glaciares.

Inversión, empleo y control estatal

Garay fundamentó el interés del Ejecutivo en autorizar la iniciativa en la “necesidad de captar inversiones de escala y generar puestos de trabajo en el rubro de la construcción y los servicios”. Explicó que la “propuesta apunta a un segmento de turismo internacional exclusivo que hoy no arriba a El Calafate, por lo que no competirá con la oferta hotelera tradicional de la villa turística sino que complementará el circuito local”.

Diferenció este emprendimiento de otras infraestructuras desarrolladas en la zona del glaciar Perito Moreno por gestiones anteriores, que generaron un severo impacto visual y debieron frenarse por incumplir las pautas ambientales. Afirmó que la provincia mantendrá las facultades de contralor ambiental en todas las etapas de la obra para verificar el estricto cumplimiento de los parámetros autorizados.

Finalmente, el titular del organismo agrario confirmó que concurrirá a la Cámara de Diputados acompañado por la Directora de Áreas Protegidas y el equipo legal del área para exhibir el expediente completo y despejar las objeciones. Manifestó su malestar por el uso político de la información por parte de determinados sectores legislativos, pero ratificó el compromiso de la gestión con la transparencia y el cuidado de los recursos naturales de Santa Cruz.