Dina Huapi: el Ejecutivo apuntó al Concejo y el caso ya está en el STJ
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Dina Huapi: el Ejecutivo apuntó al Concejo y el caso ya está en el STJ

Hernán Terrens y Tomás Contreras salieron a explicar por qué los balances de Dina Huapi siguen frenados y el caso terminó en el STJ. Lo que dijeron sobre la Ordenanza 939 y quién queda en el centro de la disputa...

El Ejecutivo municipal de Dina Huapi salió a responder los cuestionamientos por el manejo de los fondos públicos y puso el foco en un dato que consideran crítico: los balances de los ejercicios 2024 y 2025 siguen sin aprobación. El conflicto de competencias ya desembarcó en el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ).

El secretario de Gobierno, Hernán Terrens, y el asesor letrado de la Municipalidad, Tomás Contreras, dieron una conferencia de prensa este miércoles para explicar los alcances de la presentación judicial y defender los procedimientos administrativos de la gestión.

“Últimamente se ha estado haciendo una utilización política de cuestiones que no son ciertas sobre el manejo de la Municipalidad. Más allá de los relatos, nosotros hablamos con los papeles”, expresó Terrens.

Qué dice la Ordenanza 939

Contreras detalló que la presentación judicial la impulsaron el intendente, el presidente del Tribunal de Contralor y la presidenta del Concejo Deliberante, a partir de diferencias en la interpretación de la normativa que regula cómo se aprueban las cuentas municipales.

La controversia gira en torno a la Ordenanza 939, que establece que el Ejecutivo debe presentar el proyecto de ordenanza para la aprobación del balance general de cuentas.

Desde la asesoría letrada municipal sostienen que esa disposición no solo pretende aplicarse de manera retroactiva, sino que también afecta las atribuciones propias del Concejo Deliberante.

“La cuenta general de balance se envía desde el Ejecutivo, pero la ordenanza que la aprueba surge de un análisis posterior a ese balance”, explicó Contreras.

La presentación se planteó en un principio como una acción de inconstitucionalidad, aunque después el STJ la recaratuló como un conflicto de competencias. El Concejo Deliberante ya fue notificado para que presente su posición y será el máximo tribunal provincial el que resuelva la controversia.

“Estamos terminando el tercer año de gestión y no hay un solo balance aprobado, lo cual pone una situación de gravedad institucional”, advirtió el asesor letrado.

Terrens, en tanto, aclaró que los presupuestos municipales sí fueron aprobados y que el conflicto se limita a las cuentas generales de los ejercicios de la actual gestión.

El polideportivo y la exención de la TISH

En la conferencia, Terrens también respondió a los planteos por la construcción del polideportivo municipal. Aseguró que las actuaciones administrativas tienen documentación respaldatoria y que integrantes del Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas participaron de las instancias de licitación.

“Tengo las notas del Tribunal de Cuentas diciendo que se aprueban las obras del polideportivo. La última presentación fue de 184 fojas con información que se mandó al Tribunal de Cuentas”, señaló.

Además, cuestionó una exención de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) que el Concejo Deliberante otorgó a un complejo de cabañas. Según su versión, la medida fue vetada por el Ejecutivo y luego ratificada por el cuerpo legislativo, pese a que, a su entender, no se habían cumplido los procedimientos correspondientes. La documentación de ese caso también fue remitida al organismo de control.

La lectura política y la mira en las elecciones

Terrens vinculó los cuestionamientos a la administración municipal con la proximidad de los tiempos electorales y pidió que las discusiones políticas se centren en las propuestas de gobierno.

“Si acá se va a hacer una campaña, que no se haga ensuciando la gestión con los fondos públicos, porque son cuestiones muy delicadas”, manifestó.

En ese marco, enumeró obras e iniciativas impulsadas durante la actual administración: el centro de monitoreo, el hospital en construcción, el plan director de agua, el polideportivo, el salón de usos múltiples de Ñirihuau y la conexión vial de calle Estados Unidos.

El secretario de Gabinete insistió en que la presentación judicial no busca evitar el control de las cuentas municipales, sino establecer las responsabilidades de cada organismo en el procedimiento de aprobación.

“No queremos que mañana se le diga a la comunidad que el Ejecutivo municipal judicializó un tema para no mostrar los balances. Al contrario, los balances están todos mandados, nada más que no los aprueban”, concluyó.

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