Diez policías en el banquillo y una testigo que describió el calvario de dos jóvenes qom

La declaración de una psicóloga que asistió a dos de las jóvenes agredidas en el barrio Banderas Argentinas de Fontana expuso ante el tribunal el estado físico y emocional en que quedaron tras el operativo policial de mayo de 2020, por el que diez efectivos llegaron a juicio.

«Estaba al borde del desmayo», recordó la profesional sobre una de las víctimas, que en ese momento tenía 16 años. El testimonio se dio en una nueva audiencia del debate oral y público ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia.

Qué describió la testigo

Ana Clara Gómez Fogar, licenciada en Psicología, fue una de las principales testigos de la jornada. En 2020 se desempeñaba como operadora de guardia en atención primaria en violencia de género del Ministerio de Desarrollo Social y acompañaba a mujeres en procesos psicojurídicos.

Ante el tribunal relató cómo encontró a Daiana Fernández, una de las jóvenes agredidas. «Estaba al borde del desmayo, con muchos dolores de estómago, movilidad reducida y contracciones de dolor en la zona del abdomen; muy pálida y descompuesta», declaró.

Según su relato, la joven tenía el cuero cabelludo dolorido porque le habían tironeado del pelo y necesitó ayuda para subir a una camioneta. «Empezaba a hablar y se angustiaba. Podía contestar pocas preguntas. Tenía poca movilidad, la tuvimos que ayudar a subir a la camioneta. Sufría mini episodios de desmayo y la intentaban reavivar para animarla», agregó.

La psicóloga también se refirió a Rebeca Garay: «Estaba lastimada, intentaba gesticular y le sangraban las heridas; se notaba que le dolía el rostro».

De acuerdo con su testimonio, ambas jóvenes fueron amenazadas con ser prendidas fuego y sufrieron agresiones de carácter sexual, incluidos contactos físicos no consentidos por parte de efectivos policiales.

Los imputados y el pedido de la defensa

La audiencia se desarrolló con cuatro testimonios previstos, aunque finalmente declararon Gómez Fogar y Hugo Alberto Acosta. Cristian Borda no se presentó y hubo un cuarto intermedio.

A pedido de la defensa, la jueza Dolly Fernández autorizó que los policías imputados se retiraran de la sala, con el argumento de que escuchar los relatos les provocaba angustia.

Acosta, firmante de actuaciones vinculadas al procedimiento investigado, declaró al cierre de la jornada y en su exposición surgieron inconsistencias sobre algunos aspectos de los hechos bajo análisis.

Los cruces con la defensa

Parte del interrogatorio se centró en el rol que Gómez Fogar cumplía en 2020 y en las herramientas que utilizó para acompañar a las jóvenes. Consultado sobre cómo se dialoga con una persona que no se expresa verbalmente, la testigo respondió: «El mutismo no es una forma de no comunicarse, es un padecimiento subjetivo, es algo a ser leído y de ser acompañado».

El abogado defensor Pablo Vianello pidió que se investigara a la profesional por una presunta «usurpación de título». La querella, en cambio, reclamó en varias oportunidades que la testigo no sea hostigada y que las preguntas se formularan de manera clara.

El origen de la causa

El expediente investiga lo ocurrido en la madrugada del 31 de mayo de 2020, cuando efectivos de la comisaría Tercera de Fontana ingresaron sin orden judicial a una vivienda del barrio Banderas Argentinas.

Integrantes de la comunidad qom denunciaron agresiones físicas, amenazas, vejaciones y otros hechos de violencia institucional, tanto durante el procedimiento como después en la dependencia policial.

La causa fue elevada a juicio en abril de 2022, pero el debate oral se demoró por suspensiones y reprogramaciones hasta que las audiencias comenzaron el 5 de octubre pasado.

Quiénes están acusados

Diez efectivos policiales están imputados por distintos delitos. Cristian Ariel Flores, Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti y Cristian Omar Benítez están acusados de allanamiento ilegal y vejaciones agravadas.

Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González enfrentan cargos por vejaciones agravadas. Sebastián Alberto Vallejos está imputado por vejaciones y falsedad ideológica, mientras que la comisaria Claudia Beatriz Lucena afronta acusaciones por encubrimiento agravado y detención ilegal.

El bloque acusador incluye a la Secretaría de Derechos Humanos y Género, representada por Maximiliano Almirón, y al Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, representado por Guillermo Cuellar, como querellantes institucionales. También interviene la defensora oficial 14, Karina Paz, en representación de las víctimas.

Amnistía Internacional Argentina participa como «amigo del tribunal», representada por Mariela Belski, con el patrocinio letrado de Farid Iván Antúnez Percíncula. La traducción durante el proceso está a cargo de Yolanda González.

El juicio continuará con audiencias previstas para el 3, 12, 17 y 30 próximos, y el 1 y 3 de diciembre.