Diez meses sin cobrar y 360 empleados en vilo: el día que la Justicia movió ficha en la crisis láctea

La Justicia comercial dio un paso que la cuenca lechera santafesina esperaba con los dientes apretados: el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 17, Secretaría N.º 34, a cargo del juez subrogante Horacio Robledo, decretó la apertura del concurso preventivo de acreedores de Lácteos Verónica.

La firma, propiedad de la familia Espiñeira, había presentado el pedido a fines de agosto, asfixiada por una deuda multimillonaria y con sus plantas detenidas. El magistrado encuadró el expediente como Gran Concurso, por el volumen del pasivo y porque la propia compañía denunció alrededor de 829 acreedores.

Los números que explican el derrumbe

Según los registros del Banco Central de la República Argentina, la empresa acumula una deuda bancaria de $3931 millones con entidades financieras. A eso se suman 3476 cheques rechazados por un monto que supera los $12.683 millones.

El cuadro contable se completa con más de 20 pedidos de quiebra impulsados por prestadores y proveedores.

El freno de la firma se siente de lleno en la economía de la región: desde enero de este año, Lácteos Verónica detuvo por completo las actividades en sus tres plantas de procesamiento, ubicadas en Suardi, Clason y Lehmann.

El golpe más duro lo cargan los trabajadores. La empresa llegó a emplear a 700 personas; hoy cuenta con unos 360 operarios que arrastran diez meses de salarios adeudados.

Qué queda en pie y qué se negocia

El único complejo industrial con algo de actividad es el de Suardi, donde se sostienen operaciones mínimas con un plantel reducido bajo la modalidad de trabajo a fasón para la cordobesa Copalac.

Las instalaciones de Clason y Lehmann siguen inactivas. En los últimos días trascendió la posibilidad de reactivar la planta de Lehmann mediante un contrato de producción a fasón con la firma Santa Clara, orientado a la elaboración de leche en polvo.

Además, la administración mantenía precontratos de venta de las plantas de Suardi y Clason con Cotalac y Lacterra, respectivamente. Esos pactos deberán analizarse y resolverse dentro del marco del concurso.

Dos sindicaturas y bienes inhibidos

Ante la complejidad del caso, Robledo dispuso crear dos sindicaturas diferenciadas: una general, dedicada al control de la actividad diaria y al resguardo patrimonial, y otra verificante, abocada exclusivamente al análisis y la validación de los créditos reclamados.

En paralelo, la Justicia decretó la inhibición general de bienes de la sociedad anónima, con extensión a los registros de la propiedad, marcas y patentes, y pidió un informe histórico sobre el patrimonio actual y pasado de la empresa.

El cronograma que viene

El escrito judicial fijó plazos clave. El 3 de febrero vence el límite para que los acreedores presenten la verificación de sus créditos, y el 26 de ese mismo mes cierra el período de observaciones e impugnaciones.

La sindicatura presentará el informe individual el 27 de abril, y el 24 de junio el juzgado resolverá sobre la validez de las acreencias. El informe general se conocerá el 14 de julio.

Las propuestas de acuerdo preventivo tendrán como fecha límite el 9 de diciembre, mientras que el período de exclusividad vencerá el 7 de febrero de 2028.

El peso de la firma en el mapa lácteo

El derrumbe de Lácteos Verónica representa un golpe fuerte para el entramado productivo nacional. De acuerdo con el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), entre junio de 2024 y julio de 2025 la empresa llegó a procesar 577.000 litros diarios de leche.

Ese volumen la ubicó en el décimo puesto del ranking industrial del país, con el 1,9% del total nacional.

La fiscalización judicial sobre los contratos a fasón vigentes será determinante para saber si la compañía logra sostener una operatividad mínima mientras negocia una reestructuración con sus acreedores.