Diez años de demoras y un 46,7% de avance: el reclamo libertario por las cloacas de Valle Viejo

46,7% de avance después de más de diez años. La obra de cloacas de Valle Viejo acumula demoras, vicios constructivos y denuncias millonarias. Ahora, dos diputados libertarios exigen respuestas por el estado real de la red y de la planta de tratamiento.

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Diez años de demoras y un 46,7% de avance: el reclamo libertario por las cloacas de Valle Viejo
Diez años de demoras y un 46,7% de avance: el reclamo libertario por las cloacas de Valle Viejo

Un pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados apunta a la obra de desagües cloacales de Valle Viejo, que acumula más de una década de retrasos y un avance de apenas el 46,7 por ciento. Los diputados Federico Lencina, presidente de La Libertad Avanza, y Valentina Reynoso quieren que el Ejecutivo provincial explique qué pasa con un proyecto que prometió saneamiento para la zona pero que todavía no tiene red habilitada ni certezas sobre la planta de tratamiento.

Según el proyecto de resolución, la obra arrastra una historia de parálisis, vicios constructivos y litigios judiciales. Hubo denuncias por estrago y reclamos millonarios por tasas y resarcimientos, mientras los vecinos del departamento y zonas aledañas siguen esperando la habilitación definitiva de los colectores y una respuesta clara sobre el estado real de la planta de efluentes.

Una obra con idas y vueltas

El origen del problema se remonta a la adjudicación original de la Etapa I, que quedó en manos de la UTE integrada por Coarco S.A. e Industrial Constructora S.A. Ambas firmas tienen antecedentes en la Justicia federal por presuntos esquemas de cartelización en la obra pública.

Las demoras y el deterioro de la trama vial, con hundimientos en la calzada, obligaron a reestructurar el proyecto. Para eso, la Provincia tomó deuda con organismos internacionales de crédito, incluido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y lanzó una nueva licitación que terminó adjudicada a la UTE Supercemento S.A.I.C.

Qué información reclaman los legisladores

El pedido de informes es amplio y detallado. Piden un desglose de los montos certificados y desembolsados en cada etapa, la nómina completa de empresas contratistas, uniones transitorias e inspecciones externas —entre ellas la consultora Hytsa Estudios y Proyectos— y si esas firmas están inscriptas en el Registro de Empresas de la Provincia.

También quieren saber si los ingenieros que intervinieron en los planos, las certificaciones y las inspecciones de campo tenían matrícula habilitante del Colegio de Ingenieros de Catamarca al momento de actuar.

Además, los diputados piden explicaciones sobre las razones técnicas del bajo porcentaje de avance registrado a julio y si se ejecutaron las pólizas de seguro de caución o las garantías de cumplimiento de contrato contra las firmas de las etapas I y II por los vicios constructivos detectados.

La planta de Antapoca, bajo la lupa

Uno de los puntos centrales es el estado de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Antapoca. Los legisladores quieren saber si está finalizada, en período de pruebas o paralizada, y también los resultados de las pruebas de hermeticidad sobre los colectores principales y las redes domiciliarias.

El escrito incluye, además, los protocolos de supervisión exigidos a las contratistas en materia de repavimentación, nivelación y compactación de la calzada en las arterias intervenidas, con las actas de constatación de daños o intimaciones por deficiencias técnicas.

Por último, reclaman la nómina de litigios, reclamos administrativos, mediaciones y demandas judiciales en curso entre la Provincia, los municipios involucrados y las empresas contratistas, entre ellas Coarco, Industrial Constructora, Electroingeniería, Supercemento y Eleprint. También piden conocer las contingencias o eventuales desembolsos que podrían caer sobre el erario provincial.

En los fundamentos, los legisladores sostuvieron que el control sobre el destino de los fondos públicos y la administración de los recursos estatales "es una garantía fundamental del sistema republicano" y remarcaron que la fiscalización busca proteger la seguridad, la salud y la calidad de vida de los vecinos de Valle Viejo y las zonas aledañas, frente a una obra que, tras más de diez años de asignaciones presupuestarias, todavía no garantiza el servicio.

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