Deudas en Rosario: buscan multar con $2.615 millones a los que hostiguen a morosos

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe ya comenzó a debatir un proyecto que promete ponerle límites a las agencias de cobranza. La iniciativa, que se conoció este miércoles, apunta a frenar los abusos y el hostigamiento en la gestión extrajudicial de deudas y prevé sanciones económicas millonarias.

¿Qué propone la nueva ley contra la morosidad?

El diputado provincial Germán Scavuzzo, de la UCR, fue el encargado de dar los detalles en LT8. Según explicó, el objetivo central es "garantizar un trato justo, equitativo y evitar las denuncias" que no paran de crecer en Rosario y en todo el país. La norma buscaría prevenir "situaciones de intimidación o violencia económica" ligadas al cobro de préstamos y créditos.

Scavuzzo se apoyó en datos de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Rosario para justificar la necesidad de la ley. "En la actualidad es muy frecuente que se acerquen familiares y terceros que nada tienen que ver porque les llegan notificaciones, diciendo que van a tener que ser ellos los que respondan por esa deuda", alertó el legislador.

Prácticas prohibidas: llamadas, mails y contactos

El proyecto, que ya fue enviado a la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, establece un listado de prácticas que quedarán prohibidas para preservar la intimidad de las personas. Entre ellas, no se podrán realizar reclamos telefónicos entre las 20 y las 9 de la mañana, ni superar las dos llamadas semanales o el envío de más de un correo electrónico por día.

Además, se quiere impedir que los cobradores se contacten con familiares, vecinos, amigos, empleadores o compañeros de trabajo para reclamar el pago, salvo que figuren como garantes o fiadores. Tampoco podrán enviar notificaciones que simulen ser del Poder Judicial u otros organismos públicos si no hay un proceso judicial en curso.

La norma también apunta a prohibir amenazas de embargo inmediato, inhibición general o secuestro de bienes si no hay una orden judicial. Los gestores no podrán usar "lenguaje ofensivo, intimidatorio o humillante" ni insistir en la refinanciación de la deuda.

Registro de cobradores y responsabilidad de las billeteras virtuales

Scavuzzo remarcó que no solo las agencias de cobranza están en la mira, sino también estudios jurídicos, gestores y mandatarios. Por eso, la propuesta incluye la creación de un registro de cobradores habilitados y exige que en la primera comunicación se identifique claramente al acreedor y a la empresa o persona que realiza el reclamo, con su domicilio y datos de contacto.

El diputado también apuntó contra la falta de transparencia en los montos reclamados: "Aunque no lo crean, muchas veces, el usuario ni siquiera tiene acceso al capital original que se le reclama o los montos de interés que se le aplican".

La iniciativa contempla, además, la responsabilidad solidaria de las billeteras virtuales y entidades financieras cuando se registren infracciones en la gestión del cobro, así como de los acreedores y empresas de servicios públicos o privados.

Multas millonarias y clausuras

El artículo 9 del proyecto define un régimen de sanciones que va desde el apercibimiento hasta la pérdida de concesiones, privilegios o beneficios fiscales. Las multas podrán partir de media canasta básica total para un hogar de tres integrantes y llegar hasta 2.100 veces ese indicador, lo que equivale a $2.615.961.600 según los valores de julio.

También se contempla la clausura de establecimientos o la inhabilitación de servicios por hasta 30 días, y suspensiones de hasta 5 años en el registro de proveedores del Estado provincial.

Finalmente, la ley busca una protección especial para los "consumidores hipervulnerables", como mayores de 70 años, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, beneficiarios de programas sociales o sobreendeudados. Para ellos, se limitará la comunicación a una por semana y se prohibirán prácticas que generen intimidación o presión psicológica.