Detuvieron al papá de Agostina Páez: el dato que complica al empresario santiagueño
Mariano Páez, el empresario del transporte que ya había estado detenido por violencia de género, volvió a quedar tras las rejas. Esta vez, la Justicia lo investiga por un presunto hurto en un comercio de Las Termas de Río Hondo. Está alojado en una comisaría de la capital santiagueña.
El padre de Agostina Páez, la abogada que estuvo presa en Brasil acusada de racismo, fue detenido este viernes por un presunto hurto en un comercio de Las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.
Según pudo saber TN, Mariano Páez permanece alojado en una comisaría de la capital provincial. Se trata de un empresario del transporte santiagueño que ya había tenido problemas con la Justicia.
Un antecedente por violencia de género
Antes de esta detención, Páez ya había estado privado de su libertad por una denuncia de violencia de género presentada por su expareja, Estefanía Budán. En ese momento, la mujer lo acusó de agresión y amenazas.
A principios de este año, el empresario volvió a quedar en el centro de la escena pública después de que se difundiera un video en el que se lo veía haciendo un gesto provocador. La secuencia ocurrió en un bar de Santiago del Estero, donde el hombre imitó los sonidos y movimientos de un mono. La escena reavivó la polémica porque replicaba la conducta que había motivado la causa judicial contra su hija.
El caso de Agostina Páez en Brasil
Agostina Páez, abogada santiagueña de 29 años, fue denunciada por injuria racial tras un episodio ocurrido el 14 de enero en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro.
De acuerdo con la acusación, insultó a empleados del local y realizó gestos racistas durante una discusión por el pago de la cuenta. La Justicia brasileña le retuvo el pasaporte y le colocó una tobillera electrónica. En febrero, incluso ordenó su prisión preventiva, aunque después revocó la medida.
Tras pasar más de dos meses con prisión domiciliaria, Páez pudo regresar a la Argentina el 1° de abril luego de pagar una fianza de 97.000 reales, equivalentes a unos US$18.000.
Además, tuvo que fijar un domicilio y mantener contacto permanente con la Justicia de Brasil, ya que la causa todavía no tiene sentencia definitiva.
