Detuvieron a un sospechoso por el crimen de Orozco, pero el acusado que falta sigue sin aparecer

La Justicia de San Luis dictó 30 días de prisión preventiva para Joel Benjamín Robledo, imputado por una presunta participación secundaria en el homicidio en ocasión de robo de Miguel Orozco, el hombre de 40 años que murió tras una golpiza en una vivienda de calle Intendente Celi al 2000.

La decisión la tomó el juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, quien tuvo por formulados los cargos presentados por el fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat, y ordenó que el acusado permanezca alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

El ataque ocurrió entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de junio. Orozco quedó internado durante 24 días y murió el 3 de julio. El principal sospechoso del ataque, Juan Domingo Hernández, sigue prófugo: la orden de detención contra él se había dispuesto pocos días después del hecho, según explicó la Fiscalía en las primeras audiencias.

Qué dice la hipótesis fiscal

Según la acusación, Hernández habría golpeado a Orozco con los puños y con botellas hasta dejarlo inconsciente. Después habría sustraído un teléfono celular y un parlante antes de abandonar la vivienda.

La Fiscalía sostiene que esos elementos fueron entregados posteriormente a Robledo. Uno de los principales indicios surgió del teléfono de la víctima: los investigadores determinaron que el imputado habría colocado su propio chip en el aparato, lo que permitió ubicarlo en la zona del barrio Las Vegas. También habría intentado vender el parlante por $20.000 a una vecina.

La defensa cuestionó la imputación

Durante la audiencia, el abogado Martín Ávila rechazó que las pruebas reunidas hasta ahora permitan sostener una participación secundaria en el homicidio. Planteó que esa figura exige acreditar algún tipo de acuerdo o promesa previa y cuestionó que la Fiscalía no haya podido precisar cuándo, dónde ni bajo qué términos se habría producido ese supuesto entendimiento.

Para la defensa, que Robledo haya tenido posteriormente objetos pertenecientes a Orozco no demuestra por sí solo que hubiera acordado previamente colaborar con el hecho. Como planteo alternativo, y sin admitir responsabilidad, sostuvo que las conductas atribuidas podrían eventualmente ser analizadas bajo la figura de encubrimiento.

Assat defendió la imputación y remarcó que la investigación se encuentra todavía en una etapa inicial. La Fiscalía entiende que existen elementos suficientes para sostener provisoriamente que Robledo realizó un aporte al hecho y destacó además su relación con Hernández, quien permanece prófugo. Ese punto resultó determinante al momento de analizar la prisión preventiva.

Por qué la prisión preventiva es de 30 días y no de 90

El fiscal había solicitado 90 días de detención al considerar que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación, especialmente mientras Hernández continúe sin ser localizado. La defensa, en cambio, pidió la libertad de Robledo bajo medidas de control y, subsidiariamente, prisión domiciliaria.

Flores Leyes rechazó ambas alternativas, aunque consideró excesivo el plazo reclamado por el Ministerio Público Fiscal y redujo la medida a 30 días de prisión preventiva.

La resolución mantiene abierta la discusión sobre el verdadero grado de participación de Robledo. Esa cuestión deberá resolverse a medida que avance la investigación y se incorporen nuevas pruebas. Mientras tanto, la causa conserva un punto central pendiente: localizar a Juan Domingo Hernández, señalado por la Fiscalía como el hombre que habría ejecutado la golpiza que terminó con la muerte de Orozco.