Detuvieron a siete policías federales en Tucumán: el tarifario de coimas que manejaban para dejar pasar contrabando

Una investigación de la Justicia Federal sacudió a la Policía Federal en Tucumán. Siete efectivos fueron detenidos acusados de montar una red de sobornos a tours de compras y bagayeros para facilitar el traslado de mercadería ilegal por las rutas del NOA. La “Operación Prisma”, impulsada por el fiscal federal Pedro Simón, reveló un esquema tarifado que iba desde los $40.000 hasta los $100.000 por vehículo.

¿Cómo descubrieron la maniobra?

Agentes de la Agencia Federal de Investigaciones se infiltraron en un tour de compras haciéndose pasar por pasajeros. Durante el viaje, los coordinadores pidieron dinero para supuestamente pagar coimas y evitar controles. Los investigadores entregaron billetes marcados, mientras Gendarmería Nacional esperaba en el destacamento de Rapelli para intervenir cuando el colectivo llegara.

La fiscalía reconstruyó el tarifario: cada pasajero debía aportar $100.000; las camionetas, $80.000; los utilitarios, $50.000; y los automóviles, $40.000. Cifras que, según los investigadores, eran bajas comparadas con el valor de la carga: el colectivo usado como señuelo transportaba mercadería valuada en unos $700 millones.

Un cuaderno que puede ser clave

Los allanamientos permitieron secuestrar un cuaderno con anotaciones que los investigadores consideran una prueba de especial relevancia. Creen que no solo fortalecerá la acusación contra los detenidos, sino que podría identificar a otros efectivos que habrían formado parte de la estructura en el destacamento de Rapelli, donde trabajaban policías federales de Tucumán y Santiago del Estero.

Por orden del juez federal de Santiago del Estero, fueron arrestados la subinspectora Ivon Janet Herrera; el sargento Matías Trejo; los cabos primeros Miguel Barigozzi, Matías Mansilla, Rocío Fernanda Navarro Sabaté y Walter Maximiliano Valdivieso; y el cabo Mauro Nicolás Lazarte. Todos tienen domicilio en Tucumán y pertenecían a la División Operativa de la Policía Federal, encargada incluso de la custodia de magistrados federales en la provincia.

Antecedentes de corrupción en fuerzas federales

Esta causa se suma a otras investigaciones recientes por acuerdos entre fuerzas de seguridad y bagayeros. Uno de los primeros casos surgió cuando un bagayero investigado por sobornos ordenó incendiar un depósito para evitar un secuestro de mercadería. Luego, el fiscal Ricardo Toranzos impulsó otra pesquisa que terminó con el procesamiento de varios gendarmes.

La investigación más grande fue la del fiscal Agustín Chit. A comienzos de 2024, una persona denunció que los organizadores de excursiones cobraban a los pasajeros para pagar a efectivos. Un gendarme luego aportó información clave sobre los involucrados y cómo distribuían el dinero mediante billeteras virtuales. En julio de 2024, pasajeros de un tour incendiaron su colectivo en Orán para destruir pruebas de drogas, pese a que ya habían pagado coimas. Meses después, un megaoperativo detuvo a gendarmes y civiles, desarticulando una red que operaba en Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. La Cámara Federal confirmó el procesamiento de una docena de gendarmes, que aún esperan juicio oral.