Desvió $900 millones del Molino Fénix: la acusación contra Anabela Lucero

La Fiscalía acusa a la exdiputada Anabela Lucero de usar fondos del Complejo Molino Fénix para beneficio propio y para financiar campañas políticas. El presunto fraude supera los $900 millones e incluye compras de vehículos, mercadería y una red de empresas con facturas apócrifas.

La compra de los vehículos

Según la acusación del fiscal José Olguín, el 8 de agosto de 2022 Lucero habría utilizado recursos del organismo para adquirir tres vehículos en un mismo día: dos 0 kilómetro y uno usado. La operación habría alcanzado los $12.367.460.

La hipótesis fiscal sostiene que entre 2020 y 2023 funcionó una estructura paralela para administrar fondos públicos por fuera de los controles habituales. Lucero está acusada de asociación ilícita, administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de prueba.

Mercadería y cheques para la campaña

El expediente también analiza la compra de grandes cantidades de mercadería que, según la Fiscalía, no se relacionaban con la actividad cultural del Molino Fénix. Los investigadores creen que esos productos se usaban para armar bolsones que se distribuían durante actividades electorales.

Empleados del organismo habrían sido utilizados para preparar y entregar esa mercadería, vinculada con la campaña de Unión por San Luis, que llevó a Jorge Fernández como candidato a gobernador y a Lucero como postulante a la intendencia de Villa Mercedes.

Además, se incorporaron al expediente 34 cheques de $50.000 que la Fiscalía interpreta como pagos a militantes durante la campaña. El fiscal remarcó que el organismo no tenía entre sus funciones la compra de vehículos ni la realización de ayudas económicas con esos recursos.

Eventos, ocultamiento y empresas fantasma

La investigación también apunta a los ingresos de eventos realizados en el complejo. Según declaraciones, parte de la recaudación habría ido a la campaña de Lucero y su pareja, el diputado provincial Joaquín Beltrán, también involucrado.

Se investiga una presunta maniobra de ocultamiento de documentación: después de la derrota electoral de Alberto Rodríguez Saá en junio de 2023, se habrían retirado bienes y documentos de distintas dependencias, algunos trasladados a una sede política vinculada con Lucero.

La causa incluye siete empresas que figuran como presuntas sociedades para emitir facturas apócrifas y cinco personas que habrían intervenido. Dos de esas empresas habrían facturado al Molino Fénix unos $135 millones mediante 116 cheques, aunque el universo es mayor.

Levantamiento del secreto y próximos pasos

La Justicia autorizó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de las empresas y personas investigadas, entre ellas Lucero, Beltrán, Enzo Lucero y Exequiel Scarel.

La investigación busca establecer quiénes cobraron los cheques, cómo fueron endosados y qué destino tuvieron los fondos, además de determinar si las empresas tuvieron actividad real o fueron intermediarias para ocultar a los beneficiarios finales.

El expediente está en etapa de investigación y las acusaciones deberán pasar el debido proceso. La magnitud de los montos y la cantidad de operaciones cuestionadas convierten al caso en uno de los principales procesos por presunto manejo irregular de fondos públicos en San Luis.

El próximo desafío será completar las pericias financieras y reconstruir la trazabilidad del dinero, para precisar el alcance del presunto fraude y las responsabilidades individuales.