Desviaban los camiones de basura para robar combustible: la maniobra que destapó la fiscalía

Una presunta red de sustracción de recursos públicos quedó al descubierto en el municipio de Alderetes. La Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscala Mariana Rivadeneira, formalizó la imputación contra siete empleados municipales acusados de montar un esquema sistemático para sustraer combustible asignado a los camiones de la flota oficial de recolección de residuos.

Durante la audiencia judicial, el auxiliar fiscal Federico Lizárraga expuso que los involucrados se desempeñaban como choferes de los vehículos oficiales y aprovechaban sus turnos laborales para desviar el gasoil perteneciente al patrimonio municipal, apartándolo del fin público para el que estaba destinado. Ante el tribunal, el Ministerio Público Fiscal (MPF) encuadró el accionar bajo la figura penal de peculado, delito que contempla penas de dos a diez años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y multas económicas.

La maniobra: desvío de recorridos y descarga en bidones

De acuerdo con la acusación fiscal, el modus operandi consistía en alterar de manera deliberada las rutas diarias del servicio de higiene urbana. Los conductores detenían las unidades pesadas en las inmediaciones del domicilio de un sujeto conocido con el apodo de “Piluca”, en el barrio 40 Viviendas de Alderetes.

Una vez estacionados en ese sector, procedían a extraer el combustible de los tanques de los camiones para acopiarlo en bidones y otros recipientes plásticos clandestinos. “Con su accionar no solo generaron un perjuicio económico directo al erario público, sino que además provocaban demoras y serios inconvenientes en el normal desempeño de la recolección de residuos en la ciudad”, remarcó Lizárraga ante la jueza de la causa.

Reglas de conducta y medidas en curso

Los hechos formalmente acreditados hasta el momento ocurrieron entre el 10 y el 15 de abril, aunque los investigadores manejan la hipótesis firme de que la maniobra se extendió a lo largo de un período considerablemente mayor.

En cuanto a la situación laboral de los involucrados, se confirmó que seis de los siete acusados ya fueron desvinculados de la planta municipal, mientras que solo uno continúa prestando funciones en la administración local. La fiscalía solicitó que los imputados atraviesen el proceso judicial en libertad bajo estricto cumplimiento de pautas de conducta, medida que fue homologada por la magistrada interviniente mientras se desarrollan peritajes para determinar si existen otros cómplices en la estructura.