Destruyó una parada inteligente a cascazos y ahora la Justicia lo busca para dar un ejemplo

Un hombre fue imputado por la Justicia tucumana tras destruir una parada inteligente de colectivos en el Barrio Sur. El hecho, ocurrido el 21 de junio, quedó registrado por una cámara de seguridad vecinal y desató una investigación que busca sentar un precedente contra el vandalismo urbano.

Según la reconstrucción de los investigadores, el acusado circulaba en motocicleta por calle San Lorenzo al 500 cuando el vehículo sufrió un desperfecto mecánico. Visiblemente alterado, bajó y comenzó a golpear la pantalla LED de la parada con su casco hasta destrozarla por completo. Las imágenes del ataque se convirtieron en la prueba clave para identificarlo.

¿Qué pasó después del ataque?

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentó una denuncia penal que impulsó la investigación. La Fiscalía ordenó medidas que incluyeron un allanamiento en el domicilio del sospechoso, donde secuestraron la motocicleta que aparecía en el video. El hombre quedó formalmente imputado.

El fiscal Daniel Sosa Piñero investiga el caso y analiza calificarlo como daño agravado, un delito que prevé penas de tres meses a cuatro años de prisión, además de la obligación de reparar económicamente los daños al patrimonio público.

Un mensaje contra el vandalismo

Desde el municipio aseguraron que buscan que este caso marque un antes y un después. Las paradas inteligentes, equipadas con pantallas informativas, iluminación y tecnología, representan una inversión pública significativa y sufren roturas intencionales que exigen altos costos de reparación.

Las autoridades remarcaron que la destrucción de estos espacios no solo afecta al Estado, sino que perjudica directamente a miles de usuarios del transporte público. Cada pantalla dañada deja de brindar información sobre recorridos y horarios, y afecta la seguridad y comodidad de quienes esperan los colectivos.

El municipio anticipó que seguirá promoviendo denuncias penales cuando se identifique a los responsables mediante cámaras de seguridad o registros vecinales. La intención es desalentar este tipo de conductas con sanciones judiciales y dejar claro que los daños al patrimonio público tendrán consecuencias legales.

El expediente continúa con la producción de nuevas pruebas para definir la responsabilidad del imputado y las medidas que adoptará la Justicia.