Destruyeron la moto clave en la muerte de una joven: ¿qué esconden?

La investigación por el fallecimiento de Manuela Olmos, ocurrido el 17 de enero de 2025 en Rosario, sumó un nuevo escándalo: la motocicleta en la que circulaba fue compactada el 5 de febrero de 2026, cuando aún era una prueba fundamental en la causa judicial.

El accidente se produjo en la intersección de Casilda y Liniers, cuando Olmos viajaba en una Motomel 110 con su hija de 7 años y colisionó con el móvil 9880 de Gendarmería Nacional, conducido por Ireneo de las Rosas P., de 21 años. Hasta hoy, no se pudo determinar si la mujer fue embestida o impactó contra el vehículo oficial, debido a actas ambiguas y pericias sin conclusiones definitivas.

¿Qué pasó con la moto?

Tras el siniestro, el rodado fue trasladado a un corralón policial. La familia, encabezada por el padre de la víctima, Eugenio Olmos, solicitó en reiteradas ocasiones pericias técnicas y la restitución del vehículo, que pertenecía a su hijo y había sido prestado a Manuela.

El 16 de abril, Eugenio recibió una notificación firmada por la fiscal Valeria Piazza Iglesias que informaba la restitución. Sin embargo, al presentarse en el corralón de bienes judicializados de Francia al 4400, le comunicaron que la moto ya había sido compactada. Según su testimonio, solo le entregaron un papel manuscrito con fechas de ingreso y destrucción, sin documentación formal.

Impacto en la causa judicial

La familia cuestiona la decisión, ya que el rodado era una prueba clave en el legajo 21-09588434-9, caratulado como “homicidio culposo”. Las pericias realizadas hasta ahora incluyen un croquis a mano y análisis de daños, pero sin determinar con precisión cuál de los vehículos provocó el impacto. Además, se consignó que el móvil de Gendarmería carecía de bocina y presentaba deficiencias en la carrocería, como la ausencia del faro delantero.

Los tres gendarmes que acompañaban al conductor declararon haber escuchado “un golpe en el lado izquierdo del vehículo”, sin aportar mayores precisiones.

Eugenio relató que en una reunión en Fiscalía le indicaron que desconocían las causas del siniestro y los motivos de la compactación, aunque le aseguraron que el Estado provincial se haría cargo de los gastos y una eventual compensación económica.

El caso mantiene abiertas múltiples incógnitas. La familia de la víctima, que dejó cuatro hijos de entre uno y 16 años, continúa esperando respuestas en un proceso marcado por demoras, incertidumbre y cuestionamientos a los organismos intervinientes.