Desde la cárcel, un condenado por trata seguía explotando mujeres: cómo lo hacía

Condenado por trata, seguía explotando mujeres desde la cárcel. ¿Cómo lo logró? Los detalles de la condena y la millonaria reparación.

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Desde la cárcel, un condenado por trata seguía explotando mujeres: cómo lo hacía

Un condenado por trata de personas que cumplía condena en el Penal de Villa Urquiza continuaba dirigiendo desde su celda una red de explotación sexual de mujeres en Tucumán. Walter Ayala utilizaba teléfonos celulares prohibidos para captar víctimas, publicar sus perfiles en sitios de oferta sexual y controlar las ganancias. La justicia federal lo condenó a 12 años de prisión, junto a Alejandra Galván, quien recibió 8 años.

La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado en el que ambos imputados reconocieron su responsabilidad penal. La jueza Carina Farías impuso una pena de 12 años de prisión para Ayala y ocho años para Galván. Además, ordenó una reparación económica superior a los $130 millones destinada a las ocho víctimas identificadas durante la investigación.

¿Cómo operaba la red desde la cárcel?

La pesquisa estuvo encabezada por el fiscal federal Pablo Camuña, quien logró acreditar que Ayala continuaba manejando la estructura delictiva desde el interior del penal. Según se determinó, utilizaba celulares no autorizados para contactar mujeres en situación de vulnerabilidad a través de redes sociales y luego publicaba sus perfiles en el sitio de oferta sexual Skokka, donde también definía los nombres ficticios que utilizarían.

En paralelo, Galván cumplía funciones clave fuera de la cárcel. De acuerdo con la investigación judicial, se encargaba de supervisar los departamentos utilizados para la explotación sexual en San Miguel de Tucumán, organizaba las sesiones fotográficas y videos de promoción y recaudaba el dinero generado por los encuentros sexuales.

¿Qué incluye la reparación económica?

La resolución judicial también dispuso una reparación económica considerada inédita por el monto fijado. El cálculo incluyó indemnizaciones por daño moral, lucro cesante y el recupero de las ganancias obtenidas ilegalmente por la organización criminal durante el tiempo que operó.

El caso volvió a poner bajo la lupa los controles internos dentro del Penal de Villa Urquiza, luego de comprobarse que uno de los principales condenados por trata de personas continuó liderando maniobras delictivas desde el interior de la cárcel.

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