Desde el 30 de noviembre, un cambio en la Justicia federal podría llenar más rápido las cárceles de Entre Ríos

El nuevo sistema acusatorio federal desembarcará en Entre Ríos el 30 de noviembre y modificará de raíz la forma en que se tramitan las causas. Juan Ignacio Lazzaneo, flamante defensor público de víctimas, pasó por el programa Plaza Mansilla de Elonce y advirtió que la reforma puede tener un efecto colateral sobre el sistema penitenciario provincial.

Lazzaneo no es un recién llegado al tema: hasta hace poco se desempeñó como juez de Ejecución Penal y Medidas de Seguridad en Concordia, por lo que conoce de cerca cómo funciona el engranaje carcelario entrerriano.

De los expedientes escritos a las audiencias orales

El cambio central es de lógica. Hasta ahora, buena parte de las investigaciones se desarrolla a través de actuaciones escritas. Con el nuevo modelo, la Fiscalía deberá plantear sus pedidos en audiencias frente a los jueces.

“Es un cambio de lógica, que pasa de lo escrito a lo oral y eso implica la presencialidad constante de los operadores del sistema”, explicó el defensor.

En ese esquema, el Ministerio Público Fiscal asume un rol protagónico. “En el sistema acusatorio, todo lo que deba alegar el Ministerio Público Fiscal, quien toma un rol protagónico, lo debe hacer en una audiencia ante un juez de garantía”, precisó.

Las prisiones preventivas, los planteos sobre pruebas y las instancias previas al juicio se resolverán en esas audiencias. El fiscal investiga; el juez controla que se respeten las garantías constitucionales.

La puesta en marcha exigirá adaptar los organismos judiciales en infraestructura y personal. Lazzaneo reconoció que hay preparativos en marcha, aunque anticipó que algunas necesidades recién se conocerán cuando el sistema esté funcionando.

El efecto que preocupa: condenas más rápidas, más gente presa

Uno de los puntos que más resaltó es la posibilidad de que los procesos penales terminen en menos tiempo, sobre todo cuando se alcanzan acuerdos de juicio abreviado.

Desde su experiencia como juez de ejecución, explicó que una investigación podría cerrarse con una condena en un plazo bastante menor al de los procedimientos tradicionales. Esa celeridad es una ventaja para la Justicia, pero también puede acelerar el ingreso de condenados al sistema penitenciario.

“Es un factor que lleva, me parece a mí, a un encarcelamiento mucho más rápido”, sostuvo.

El dato no es menor: Entre Ríos no tiene cárceles federales propias y existen convenios para alojar detenidos de esa jurisdicción en establecimientos provinciales. Lazzaneo mencionó la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú y la Unidad Penal Nº 3 de Concordia, donde funcionan sectores destinados a personas vinculadas con causas federales.

El desafío pendiente del régimen penal juvenil

Consultado sobre el régimen penal juvenil y las condiciones para alojar a adolescentes con condenas privativas de la libertad, el defensor fue contundente.

“Hoy las cárceles no están preparadas para alojar menores de 18 años”, advirtió.

El régimen contempla alternativas a la prisión y establece que la privación de libertad debe aplicarse con mayores restricciones. Sin embargo, Lazzaneo reconoció que desconoce qué establecimientos podrían destinarse a cumplir esas funciones en la provincia.

Qué hace la nueva Defensoría Pública de Víctimas

Su designación responde a la creación de las defensorías públicas de víctimas, contempladas en la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.

El organismo tiene competencia exclusivamente federal. Puede intervenir en investigaciones por trata de personas, explotación sexual o laboral, abusos sexuales y hechos de violencia institucional dentro de ámbitos federales.

“Lo que se requiere para tener la asistencia de un defensor de víctima es que la víctima quiera ser asistida por la defensa pública”, explicó Lazzaneo.

También se evalúan las condiciones económicas de quienes piden representación, su situación de vulnerabilidad y la gravedad del delito investigado.

La oficina tiene sede en calle 25 de Mayo de Paraná y competencia ante los juzgados federales de toda Entre Ríos: Paraná, Victoria, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia.

Una estructura que todavía se está armando

Por ahora el organismo cuenta con una secretaría. La incorporación de equipos técnicos especializados sigue pendiente.

“Hoy particularmente no están, pero sin perjuicio de lo cual la Defensoría General de la Nación tiene consultores técnicos a los cuales podemos recurrir en caso de que así se lo requiera”, aclaró.

La intervención del defensor se da dentro del proceso penal y puede incluir el patrocinio jurídico o la representación de las víctimas como querellantes. La asistencia no es automática: requiere la voluntad de la persona damnificada y el cumplimiento de los requisitos para acceder al servicio.

La mirada sobre la Justicia y los jurados populares

Lazzaneo también se refirió a la percepción negativa que parte de la sociedad tiene sobre el Poder Judicial, a partir de una encuesta de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Consideró que la oralidad y la posibilidad de presenciar audiencias pueden mejorar la transparencia de los procedimientos.

“Tanto imputados como víctimas, como familiares de las víctimas, familiares de imputados, al poder presenciar las audiencias, obviamente en el caso que se pueda, están viendo claramente qué es lo que sucede dentro”, explicó.

Además, destacó la experiencia del juicio por jurados en Entre Ríos, que permite una participación directa de la ciudadanía en las decisiones judiciales. Según sostuvo, la intervención de jurados populares puede contribuir a “democratizar algún aspecto de la justicia”, al acercar el funcionamiento de los tribunales a la sociedad y permitir que ciudadanos participen en la resolución de causas penales.