Desapareció en Lamarque hace 7 meses: qué encontraron a 500 metros de la casa de su madre

Kevin Hernández, de 26 años, salió de la casa de su madre la noche del 22 de febrero de 2026 y nunca volvió. Siete meses después, el hallazgo de restos humanos en una acequia seca reavivó el reclamo de su familia, que exige respuestas y detenciones.

La causa por la desaparición y posterior hallazgo de Kevin Hernández se convirtió en uno de los expedientes más intrincados de los últimos tiempos en el Valle Medio rionegrino. Lo que arrancó como una simple averiguación de paradero derivó en una trama con hipótesis de homicidio, denuncias de encubrimiento policial, idas y vueltas entre fueros y un estancamiento institucional que mantiene la investigación en un limbo procesal.

Durante siete meses de incertidumbre, la familia del joven de 26 años —encabezada por su pareja, Luz Núñez, y su madre, María Angélica Ayala Pineda— debió lidiar con la falta de respuestas claras. El proceso tomó otro impulso con la incorporación de los abogados querellantes Sergio Heredia y Leandro Aparicio, quienes reconstruyeron los últimos movimientos de la víctima y cuestionaron el accionar de la fuerza de seguridad local.

La noche que todo cambió

Kevin había vuelto a Lamarque desde Viedma pocos días antes. La noche del domingo 22 de febrero de 2026, a las 21:30, se fue de la casa de su madre en la calle Rivadavia hacia su departamento en la calle Malvinas. No se supo más de él. Su madre radicó la denuncia formal cuatro días después en la comisaría 17. Las cámaras de seguridad locales lo registraron caminando en las horas posteriores junto a un conocido, realizando ventas ambulantes para conseguir dinero, en un contexto atravesado por consumos problemáticos.

La querella y las sospechas sobre la policía

Ante la falta de avances en los primeros dos meses, se sumaron a la causa los abogados querellantes Sergio Heredia y Leandro Aparicio, tras aceptar el humilde pedido de la familia. En pocos días de trabajo de campo, la querella recolectó testimonios que no estaban en el legajo oficial y sostuvo que Kevin fue víctima de un ataque mortal tras una discusión. Los letrados criticaron a la policía, acusándola de omitir declaraciones para encubrir a redes de narcomenudeo.

«En un pueblo chico, alguien vio. Si hablás de droga, hablás de gente que la maneja en Lamarque y tiene vinculación con la policía», aseveró Heredia.

El pase a la Justicia Federal y el freno

En mayo de 2026, el juez de Garantías Roberto Gaviña Sánchez declaró la incompetencia provincial y derivó el expediente al Juzgado Federal de General Roca. La resolución se basó en el hallazgo colateral de estupefacientes en allanamientos que buscaban el paradero del joven y en el descubrimiento de una plantación de cannabis de gran porte custodiada por armas caseras «tumberas» en un islote del río Negro (por este caso se abrió otra causa en el fuero federal). El Ministerio Público Fiscal provincial acompañó la medida al considerar que no se descartaba una posible vinculación con actividades de narcocriminalidad organizada, buscando concentrar las investigaciones y evitar el fraccionamiento de pruebas.

La remisión a la órbita nacional no trajo celeridad. A fines de junio de 2026, el juez federal Hugo Greca y el fiscal Matías Zanona rechazaron la competencia asignada al no constatar un «nexo causal directo» entre la desaparición del joven y el narcotráfico.

«Esta fiscalía no encontró ningún contexto de tráfico de estupefaciente, fraccionamiento ni nada asociado a todo el caso», sentenció Zanona. Ante esta negativa, el juez Gaviña Sánchez ratificó su postura e inició el trámite para elevar el conflicto de competencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejando la causa en un limbo procesal.

El hallazgo en la acequia y el pedido de Justicia

El caso dio un vuelco definitivo en septiembre de 2026, al hallarse restos humanos en una acequia seca cercana al cementerio de Lamarque, a unos 500 metros de la casa de la madre de Kevin. Durante una citación judicial realizada este miércoles, la familia reconoció formalmente la remera, las zapatillas y un tatuaje entre los restos recuperados por peritos. Aunque el Ministerio Público Fiscal supeditó la confirmación institucional a los cotejos genéticos de ADN, la querella dio por confirmada la identidad y sostuvo que el cadáver fue colocado deliberadamente en el lugar tras el crimen.

«No nos queda ningún tipo de duda de que ese cuerpo fue plantado», afirmó el abogado Aparicio, exigiendo inmediatas detenciones.

Las pericias y la prueba de ADN

Tras la localización del cadáver, el Ministerio Público Fiscal detalló el avance de las pericias para la identificación fehaciente. En el Gabinete de Criminalística se concretó el reconocimiento de prendas junto a la familia, la fiscalía y la querella. Paralelamente, la autopsia realizada por médicos del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) permitió identificar tatuajes en los brazos.

Al no ser posible obtener huellas dactilares por el estado de descomposición, el Laboratorio Regional de Genética Forense de Bariloche procesa muestras de los restos y de la madre del joven. Además, la fiscalía solicitó pericias histopatológicas y entomológicas para precisar la causa y data de muerte, siendo el examen de ADN la prueba que aportará la confirmación científica definitiva.