Desalojo en Garuhapé: la versión de la policía y el reclamo de la comunidad mbya

¿Qué pasó realmente en el desalojo de Garuhapé? La comunidad mbya denuncia que la policía actuó sin mostrar la orden judicial, mientras las autoridades aseguran que todo fue voluntario.

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Desalojo en Garuhapé: la versión de la policía y el reclamo de la comunidad mbya
Desalojo en Garuhapé: la versión de la policía y el reclamo de la comunidad mbya

Efectivos de la Unidad Regional IV ejecutaron esta mañana una orden de desalojo en una comunidad mbya guaraní de Puente Quemado II, en Garuhapé. La medida se originó por una denuncia de usurpación presentada por el propietario de los terrenos, que corresponden a lotes privados de la Colonia Cañafistola.

Según la versión oficial, los uniformados notificaron a siete adultos y cinco menores que se encontraban en el lugar. Los moradores, siempre según la policía, retiraron sus pertenencias de forma voluntaria y sin incidentes. Sin embargo, desde la comunidad y sus defensores aseguran que las autoridades se negaron a exhibir el documento judicial en el momento del operativo.

¿Qué dice la defensa?

Los representantes legales de las familias mbya afirmaron que ya habían presentado una apelación el pasado 17 de julio. Ese recurso, según indicaron, suspende la ejecución del desalojo hasta que la Cámara de Casación se pronuncie sobre la competencia del juez que intervino en la causa. La defensa sostiene que el procedimiento de hoy se realizó pese a que la medida cautelar seguía vigente.

Los detalles del operativo

Fuentes policiales confirmaron que el desalojo se llevó a cabo en los lotes 71 a 78 de la sección quinta de la Colonia Cañafistola. El operativo se realizó cumpliendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de intervenciones. La propiedad en cuestión es privada y el dueño había radicado la denuncia por usurpación, lo que motivó la orden judicial.

Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales del propietario ni de la Cámara de Casación sobre la apelación presentada por la comunidad. El caso sigue generando tensión en la zona, mientras las familias desalojadas buscan una solución legal que les permita regresar al predio.

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