Desalojo en Cachi que afectó a 17 familias enciende alerta en el Senado salteño
Un desalojo en Cachi que afectó a 17 familias cuando solo una estaba ordenada judicialmente llevó al Senado a pedir una ley nacional. ¿Qué pasó realmente ese 12 de junio?
Un operativo de desalojo que se extendió más allá de lo ordenado judicialmente en Cachi llevó al Senado de Salta a solicitar una ley nacional que proteja a los pueblos originarios. La medida busca frenar desalojos masivos y garantizar derechos.
La Cámara de Senadores de Salta aprobó un proyecto de declaración para pedir a los legisladores nacionales por la provincia que impulsen una norma que reconozca y garantice los derechos de las comunidades originarias, y que suspenda los desalojos mientras se establecen mecanismos de protección.
¿Qué pasó el 12 de junio en Cachi?
La iniciativa surge tras los hechos ocurridos el 12 de junio en la localidad de Cachi, donde se realizó un desalojo que, según denunciaron, afectó a más familias de las contempladas en la resolución judicial.
Durante el debate, el senador por Cachi, Manrique Burgos, detalló que la sentencia de la jueza ordenaba el desalojo de una sola familia de un terreno de cuatro hectáreas. Sin embargo, durante el procedimiento recibieron llamados de vecinos denunciando que la medida se extendía a más de 17 familias. “Recibimos llamadas de las familias denunciando que estaban desalojando a muchas más”, expresó el legislador, quien calificó lo sucedido como una acción ilegal.
Una ley integral para comunidades originarias
Burgos sostuvo que la Legislatura tiene la responsabilidad de avanzar en una normativa integral que brinde mayor protección a las comunidades originarias y garantice el respeto de sus derechos. El senador afirmó que una legislación de estas características representaría “un paso fundamental para una Salta más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural”.
Además, adelantó que trabajarán en un proyecto de ley de emergencia para suspender los desalojos de comunidades originarias mientras se establecen mecanismos de protección. “Es una obligación jurídica y un acto de justicia”, concluyó.