Derogaron la ordenanza del estacionamiento medido: ¿qué pasará ahora en el centro?
Derogaron la ordenanza que habilitó el estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán. ¿Qué cambia con la nulidad del contrato y cómo será el nuevo sistema?
En una sesión clave, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán derogó por unanimidad la ordenanza que habilitó el estacionamiento medido hace más de una década. La medida abre el camino para una nueva licitación, tras la nulidad del contrato anterior ratificada por la Corte Suprema provincial.
El cuerpo legislativo dejó sin efecto la Ordenanza N° 4.758/15 y sus anexos, sancionada el 9 de abril de 2015 durante la gestión del exintendente Germán Alfaro. Esa norma había sido el marco para implementar el sistema de estacionamiento pago que luego fue declarado nulo por la Justicia.
¿Por qué se derogó ahora?
La decisión se tomó poco más de dos meses después de que la Corte Suprema de Tucumán ratificara la nulidad del contrato adjudicado a la UTE Tecno Agro Vial. El máximo tribunal consideró que la concesión estuvo afectada por “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” desde su origen.
El presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito, José María Franco, explicó que la derogación era necesaria porque la norma estaba “vinculada a un proceso viciado” y sustentada en un “marco técnico obsoleto”. El diseño original, de 2014, contemplaba parquímetros físicos y cobro mediante mensajes de texto, herramientas que ya no se usan.
¿Qué viene ahora?
Con el fallo firme y la ordenanza derogada, el municipio quedó habilitado para avanzar en un nuevo esquema. Franco afirmó que la idea es “avanzar en un sistema de estacionamiento medido moderno, que sea un verdadero ordenador del tránsito”, tomando como referencia experiencias exitosas de otras capitales.
El nuevo proceso será trabajado en conjunto entre el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo municipal, con el objetivo de elaborar pliegos que incorporen herramientas tecnológicas y contemplen la situación de los trabajadores actuales del estacionamiento.
El largo conflicto judicial
La controversia comenzó en 2022, cuando la Defensoría del Pueblo, Fodecus y otros actores impulsaron una acción de amparo colectivo que derivó en la suspensión del sistema. En abril de este año, la Corte Suprema confirmó la nulidad y advirtió que una de las firmas de la UTE se encontraba en concurso preventivo al momento de ofertar, lo que impedía su participación.
Con la derogación y el cierre del litigio, la administración de la intendenta Rossana Chahla queda en condiciones de impulsar una nueva licitación para ordenar el tránsito en el área céntrica y redefinir la explotación del espacio público.
