Derogan la Ley de Enganche: la advertencia de los judiciales que preocupa al Gobierno

La iniciativa de dos diputadas entrerrianas para derogar la Ley de Enganche Salarial de los judiciales cayó como una bomba en el Poder Judicial. El secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) salió al cruce y advirtió sobre un conflicto que podría sacudir la provincia.

José María Segura, titular de AJER, calificó el proyecto como "algo inesperado" y no dudó en expresar su rechazo: "Esperamos que este proyecto no prospere", señaló en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

La propuesta, impulsada por las diputadas Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) y Noelia Taborda (Juntos), busca eliminar un mecanismo que, según sus autoras, compromete el presupuesto provincial. Pero para los judiciales, la medida es un ataque directo a su independencia.

¿Qué dice la ley que quieren derogar?

La Ley de Enganche, vigente desde 2011, establece que las actualizaciones salariales de los empleados judiciales se realicen de manera automática, sin necesidad de negociar con el Gobierno. Según Segura, este sistema "está basado en el principio de independencia del Poder Judicial".

El dirigente explicó que la ley "permite que las actualizaciones salariales se hagan de forma independiente de una negociación con el Gobierno, que, generalmente, condiciona las posiciones de la justicia".

Para Segura, la justificación de las legisladoras de que la Provincia no puede quedar sujeta a un aumento determinado "afuera" no tiene sustento: "Esta ley rige desde 2011 y ha funcionado con absoluta normalidad, sin dificultad".

La respuesta de las diputadas

Salinas y Taborda defendieron su proyecto argumentando que es "necesario que la Legislatura recupere una intervención efectiva en todas aquellas decisiones que comprometan el presupuesto provincial". Según ellas, solo así se podrá garantizar "una administración ordenada, responsable y transparente de los fondos que pertenecen a todos los entrerrianos".

Sin embargo, Segura considera que la iniciativa "no tiene mucho sentido" y lanzó una advertencia clara: "Me parece que es innecesario generar un conflicto". El dirigente instó al Gobierno a "tomar nota" porque, dijo, "es una ley que defiende todo el Poder Judicial".

El debate recién comienza y promete tensión. ¿Avanzará el proyecto o caerá por el peso del rechazo judicial?