Denunció una violación grupal en una fraternidad de élite: por qué la Justicia de EE.UU. reabre el caso

Una estudiante de 20 años denunció haber sido abusada por siete integrantes de la fraternidad Chi Phi en la Universidad de Cornell, y casi dos años después el caso vuelve a escena con una investigación penal reabierta y fuertes cuestionamientos a la policía universitaria y a la fiscalía.

La Universidad de Cornell, una de las casas de estudios más prestigiosas de Estados Unidos, quedó envuelta en un escándalo por cómo manejó la denuncia de una alumna que aseguró haber sido violada por varios miembros de una fraternidad durante una fiesta en octubre de 2024.

La joven, identificada como Jane Doe para preservar su identidad, apuntó contra siete estudiantes del grupo Chi Phi. Según su relato, había consumido alcohol y fue presionada para tomar ketamina y marihuana hasta quedar inconsciente.

La investigación interna de Cornell terminó con sanciones para algunos de los señalados, pero la causa penal no avanzó con cargos. Ahora, casi dos años después, el caso recobró fuerza: la Justicia volvió a investigar lo ocurrido y puso bajo la lupa el accionar de la policía de Cornell y de las autoridades universitarias.

Qué reveló la demanda civil

Una demanda presentada por la estudiante el 16 de septiembre de este año aportó nuevos detalles sobre la investigación original y sembró dudas sobre la información que recibió la fiscalía cuando decidió no avanzar con cargos en 2024.

De acuerdo con el escrito, Jane Doe había estado bebiendo alcohol en su residencia de estudiantes y luego pasó por distintos bares antes de llegar a la casa de Chi Phi, adonde había sido invitada por un integrante de la fraternidad.

Una vez allí, según su versión, consumió más alcohol y fue presionada para tomar ketamina y marihuana. Su estado empeoró hasta quedar prácticamente incapacitada. Después, varios hombres habrían ingresado a la habitación y participado de los abusos sexuales.

La demanda identifica a siete integrantes de Chi Phi como responsables del ataque. Los acusados negaron haber cometido delitos, a través de sus abogados o en declaraciones durante la investigación interna, y algunos sostuvieron que las relaciones sexuales “habían sido consentidas”.

Uno de los elementos que volvió a poner el caso bajo la lupa fueron los mensajes que intercambiaron integrantes de la fraternidad en Snapchat durante aquella noche. Según documentos obtenidos por CBS News, en el grupo se compartió una foto de la joven dentro de la casa y hubo mensajes que invitaban a otros integrantes a subir y “participar”.

Las sanciones de Cornell y las dudas sobre la fiscalía

Tras la denuncia, Cornell llevó adelante su propia investigación. Entre mayo y junio de 2025 se realizaron al menos 12 audiencias, con entrevistas a más de 30 testigos, incluidos los hombres señalados por la joven.

El proceso terminó con dos expulsiones y dos suspensiones de al menos dos semestres. Otro de los estudiantes ya se había graduado cuando concluyó la investigación y dos fueron considerados no responsables de una infracción sexual. La universidad también cerró la sede de Chi Phi y luego expulsó a la fraternidad del campus.

Sin embargo, esa investigación interna no derivó en una causa penal y ninguno de los siete acusados fue detenido por el episodio.

El punto central para entender la controversia actual es saber qué información recibió originalmente la fiscalía. El fiscal de distrito del condado de Tompkins, en el estado de Nueva York, Matthew Van Houten, era quien debía decidir si correspondía o no presentar cargos penales.

El funcionario sostuvo que la declaración jurada que llegó a su oficina no describía una violación grupal ni que la joven hubiera sido drogada contra su voluntad. Según su versión, el documento presentaba el consumo de drogas y la actividad sexual como voluntarios y consentidos. Con esa información, la fiscalía decidió no presentar cargos.

Pero documentos difundidos después muestran que la estudiante había dado otros detalles a los investigadores. En una entrevista policial realizada semanas después del episodio, afirmó que tenía certeza de haber sido violada. Ahora, el fiscal dijo que no había visto esa transcripción antes y que desconocía algunos de los elementos que salieron a la luz.

La Policía de Cornell, por su parte, argumentó que había enviado a la fiscalía la declaración jurada de la joven y una captura de los mensajes de Snapchat. Esa diferencia entre lo que la policía dice haber entregado y lo que el fiscal asegura haber recibido se convirtió en uno de los principales puntos que alimentaron la polémica.

A partir de la repercusión del caso, Van Houten anunció el 28 de septiembre que reabriría la investigación penal y que la evidencia sería presentada ante un gran jurado para determinar si correspondía avanzar con cargos.

Quién tomó el control de la causa

La controversia escaló todavía más cuando la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cuestionó cómo habían actuado Cornell y la fiscalía local. El 1 de octubre, Hochul designó a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para hacerse cargo de la investigación penal.

La decisión desplazó a la fiscalía del condado de Tompkins del caso y se tomó después de que la gobernadora señalara que la información difundida en los últimos días había generado dudas sobre la investigación original.

Al mismo tiempo, Cornell aceptó avanzar con una revisión independiente de su actuación y de la respuesta de la universidad frente a la denuncia. La institución defendió las medidas disciplinarias que había tomado y aseguró que colaborará con la nueva investigación.

Por ahora, no hay condenas ni imputaciones penales contra “Los Siete de Cornell”, como los apodó la prensa estadounidense. La investigación continúa bajo la conducción de la fiscal general James, mientras la demanda civil presentada por Jane Doe sigue su propio camino judicial.