Denunció un robo millonario en Pocito, pero la Justicia apuntó en otra dirección

El expediente que conmocionó a los vecinos de Pocito por la desaparición de unos $13 millones de la Unión Vecinal Villa Elisa se encamina a su cierre sin juicio oral. Abel Manzano, presidente de la institución y único imputado, fue beneficiado con una suspensión de juicio a prueba, figura conocida como probation.

La medida fue dictada en el marco de la imputación que pesaba sobre el dirigente por hurto simple en concurso real con falsa denuncia.

Las condiciones que deberá cumplir

El acuerdo judicial le impone a Manzano una serie de obligaciones. Deberá cumplir 36 horas de trabajo no remunerado a favor del Estado, que se extenderán durante tres meses en la Municipalidad de Pocito. Además, tendrá que abonar una reparación económica de $2 millones.

Si respeta las reglas fijadas, no habrá debate oral y se extinguirá la posibilidad de una condena penal en este expediente.

La denuncia que dio origen a todo

La investigación arrancó en abril, cuando el propio presidente de la Unión Vecinal se presentó ante las autoridades para denunciar que delincuentes habían ingresado a la sede y violentado una caja fuerte. Según esa primera versión, los desconocidos se habían llevado alrededor de $13 millones entre pesos y dólares, fondos destinados a obras de agua potable y cloacas para los vecinos.

Pero la pesquisa tomó otro rumbo con el correr de las semanas.

Lo que revelaron las pericias

Los estudios realizados sobre la caja de seguridad determinaron que la cerradura no había sido forzada. A ese dato se sumó otro que complicó la situación del dirigente: de acuerdo con la pesquisa, Manzano era la única persona que tenía las llaves del lugar.

Con esos elementos, la hipótesis del robo externo perdió fuerza y la Fiscalía comenzó a sostener que se trataba de un supuesto desfalco interno simulado, conocido como “autorrobo”, acompañado de una denuncia que habría sido falsa.

Un intento de acuerdo que había quedado en la nada

Durante las primeras etapas del proceso, la defensa había intentado avanzar con un acuerdo de reparación integral para devolver los fondos. La jueza rechazó esa posibilidad en aquel momento, debido a la condición procesal de Manzano como imputado.

Ahora, con la suspensión del juicio a prueba, el escenario cambió. El presidente de la Unión Vecinal deberá cumplir las reglas de conducta, las 36 horas de trabajo comunitario y el pago de los $2 millones establecidos como reparación.

El proceso que comenzó con una denuncia por el supuesto robo de millones de pesos termina así con el principal acusado sometido a una probation.