Denunció que su comunidad está sitiada y que la Justicia "condena al silencio" a los pobladores

La abogada Andrea Morales Leanza, que representa a la comunidad de Peñas Negras, en el departamento Belén, salió a cuestionar con dureza la falta de respuestas de la Justicia y de los funcionarios provinciales ante las denuncias por agresiones e irregularidades mineras en la zona. En declaraciones a Ancasti Streaming, aseguró que la situación es "realmente catastrófica" y que los pobladores viven "sitiados" por grupos promineros.

Morales Leanza contó que en los últimos días los habitantes de Peñas Negras sufrieron golpes y heridas, pero que ninguna autoridad sanitaria se acercó a asistirlos. "Hay un abandono total por parte del Estado, un silencio que los viene condenando a momentos de violencia constante por parte de los empresarios mineros, acompañados de la fuerza y de grupos promineros que no son de la zona", denunció.

Cuestionamientos a los permisos mineros

La letrada también puso en tela de juicio la legalidad de las autorizaciones para la actividad extractiva en el área. Adelantó que en 2026 presentarán un nuevo escrito para atacar esos pedimentos mineros por considerar que están "viciados" y que no cumplen con los requisitos legales. "No cuenta con informe de impacto ambiental ni con la Consulta Previa, Libre e Informada a la comunidad indígena. Todo el proceso es ilegal e irregular", afirmó.

Según su relato, el conflicto afecta de manera directa a unas 36 familias que viven en Peñas Negras y, junto a la comunidad vecina de Jasimaná, en Salta, el emprendimiento minero impactaría sobre alrededor de 1.000 personas, entre niños y ancianos.

Sin respuestas judiciales

Morales Leanza aseguró que realizó presentaciones ante la Fiscalía de Belén, con copia al Fiscal General y a la Procuración de la Corte, para pedir que intervengan en el territorio porque la comunidad denunció que está sitiada. Sin embargo, dijo que no recibió acompañamiento ni medidas de resguardo.

Incluso, reveló que solicitó custodia policial para transitar por la ruta habitual desde Laguna Blanca, donde denunció amenazas, pero no le fue otorgada. Por eso, debió trasladarse hasta la localidad salteña de Jasimaná para poder ingresar a Peñas Negras.

"Esto es muy triste, que uno tenga que decidir entre ejercer la profesión o arriesgar su vida", lamentó la abogada, y agregó: "Creo que estoy cumpliendo mi deber de acompañar a la comunidad y a mí me da más seguridad ingresar a Peñas Negras por Antofagasta que ingresar por la provincia de Catamarca".