Denunció que perdió a su bebé de 38 semanas y ahora apuntan a una obstetra: qué frena la causa
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Denunció que perdió a su bebé de 38 semanas y ahora apuntan a una obstetra: qué frena la causa

¿Qué encontró la guardia del Materno Infantil el 24 de julio y por qué la causa sigue sin imputados tres meses después? La querella fue a la Procuración para destrabar el expediente.

La muerte de un bebé de 38 semanas en el Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy sigue sin respuestas judiciales claras. La querella que representa a la madre, Gisela Ayelén Ríos, presentó un recurso ante el Ministerio Público de la Acusación para destrabar un expediente que, según sostienen, no registra imputaciones formales ni avances concretos, pese a que una profesional ya fue apartada de su cargo por la cartera sanitaria provincial.

La presentación la impulsó el abogado querellante Carlos Sebastián Espada, con el objetivo de conseguir medidas urgentes de prueba y esclarecer cómo fue la atención médica que recibió la mujer.

Qué pasó entre el 24 y el 25 de julio

Según los antecedentes incorporados a la causa, el calvario de Ríos empezó el 24 de julio. Ese día llegó al nosocomio capitalino con dolores intensos en el abdomen y en los miembros inferiores. La examinaron y la mandaron de vuelta a su casa.

Al día siguiente, mientras esperaba el colectivo en una parada, sufrió una hemorragia severa. Volvió de urgencia al hospital y allí se constató que el bebé ya no tenía latidos. Le practicaron una cesárea y el diagnóstico fue desprendimiento prematuro de placenta.

La suspensión que ya pesa sobre una obstetra

Frente a ese cuadro, el Ministerio de Salud de la provincia resolvió suspender de forma preventiva por 60 días a una licenciada en Obstetricia que se desempeñaba en la institución. Ese antecedente quedó incorporado al expediente judicial, aunque hasta el momento no se tradujo en definiciones procesales.

Qué reclama la querella para mover la causa

La defensa de la familia había pedido a mediados de octubre un pronto despacho. La respuesta, según advirtió, no llegó: la Unidad Fiscal interviniente no avanzó con las definiciones del caso ni informó en qué estado están las diligencias en curso. Por eso se presentó una queja por retardo de justicia.

En ese marco, la representación legal le solicitó a la Procuración General tres cosas concretas: que le requiera a la fiscalía un informe detallado, que ordene la intervención directa del Cuerpo Médico Forense para evaluar la atención médica y que resuelva la situación procesal de los involucrados.

El planteo también subraya la necesidad de preservar la historia clínica, los registros de monitoreo fetal y toda la documentación probatoria. Para la querella, cuidar esa prueba es la única manera de garantizar una investigación diligente que permita establecer responsabilidades en la muerte del bebé.

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