Una vecina de Campo Quijano denunció presunto maltrato en un geriátrico y el caso reabrió una pregunta que muchas familias se hacen: ¿quién habilita, quién controla y qué pasa después del reclamo? Las respuestas no son las mismas en Capital que en el interior.
Una vecina de Campo Quijano contó en el stream de Que Pasa Salta presuntas situaciones de abandono y maltrato en un geriátrico de esa localidad. El testimonio todavía no está corroborado, pero reabrió el debate sobre los controles y la protección de los adultos mayores.
El caso, que por ahora es una denuncia sin comprobación judicial, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que muchas familias se hacen al momento de internar a un ser querido: quién habilita una residencia, quién la revisa y cómo se actúa cuando aparece un reclamo.
La responsabilidad no recae en un solo organismo. En Salta capital rige un régimen propio que no se aplica de forma automática en Campo Quijano, y la provincia tiene sus propias normas. A eso se suma la intervención de la Justicia cuando se sospecha un delito.
Capital y Quijano: dos realidades normativas
En la ciudad de Salta, la actividad está regulada por la Ordenanza 12.508 y sus modificaciones. El Decreto municipal 0089/2026 le asigna a la Secretaría de Desarrollo Social las funciones específicas sobre habilitación y política pública de los establecimientos residenciales para adultos mayores.
Ese mismo decreto separa las tareas generales de Habilitaciones Comerciales, que otorga el certificado comercial, de las de Control Comercial, que verifica el cumplimiento de las normas del rubro. Ambas deben coordinarse con el control especializado sobre los cuidados.
La Municipalidad también identifica a la Dirección General de Adultos Mayores y a la Dirección de Gerontología como áreas de supervisión y consulta para las familias.
En Campo Quijano, en cambio, la ordenanza capitalina no rige automáticamente. Para saber qué área municipal tramita las habilitaciones y hace las inspecciones hay que identificar la normativa local, un dato que hasta ahora no trascendió.
Qué se revisa en una inspección
En Capital, el artículo 6 de la Ordenanza 12.508, modificado por la Ordenanza 15.553, obliga a evaluar varios puntos clave. Las directrices nacionales de la Resolución 3315/2023 suman un marco técnico complementario.
Entre los aspectos que deben verificarse aparecen la calidad y cantidad de la alimentación, con certificación profesional; las condiciones de higiene y bioseguridad; los accesos y la circulación de personas con distintos niveles de dependencia; el estado del edificio, sus instalaciones y equipamiento, y la relación entre ambientes y plazas; y la documentación de la conducción técnica, administrativa y del responsable legal.
Las directrices nacionales también ponen la lupa sobre los recursos humanos, los protocolos de atención médica y los registros individuales de cada residente, incluidos los medicamentos y las necesidades nutricionales.
Cada cuánto tiempo deben controlar
En Salta capital, los controles deben realizarse con intervalos que no superen los tres meses. La Ordenanza 15.553 exige además remitir al Concejo Deliberante un informe semestral sobre la calidad de las prestaciones.
En el resto de la provincia, la Ley 8.221 dispone inspecciones periódicas conjuntas con los organismos involucrados, pero deja la frecuencia en manos de la autoridad de aplicación. No se localizó el instrumento que fija ese intervalo provincial.
El camino después de una denuncia
Cuando se recibe un pedido de protección, una denuncia o una consulta, el protocolo prevé atención las 24 horas, todos los días. Luego interviene un equipo interdisciplinario para evaluar los riesgos y determinar qué medidas de protección corresponden.
Si el riesgo es alto, se deriva a la persona a una institución de alojamiento o tratamiento. Después se hace un seguimiento según la gravedad del caso, se registra la situación y, cuando corresponde, se deriva a la Justicia.
Inspección administrativa no es lo mismo que investigación penal
Una inspección administrativa y una investigación penal cumplen funciones diferentes. La primera verifica las condiciones de funcionamiento; la segunda busca determinar si hubo delitos y quiénes podrían ser responsables.
Las intimaciones, multas y clausuras deben fundarse en las normas y actuaciones de la jurisdicción correspondiente. Una clausura administrativa no equivale a una condena por maltrato.
Dónde denunciar
Si un hecho está ocurriendo y requiere respuesta inmediata, el canal es el 911, para emergencias en toda la provincia.
Ante un posible delito, la presentación puede hacerse en la Policía o en la fiscalía correspondiente. El Ministerio Público Fiscal también dispone del portal Denuncias Web para hechos que no requieren asistencia inmediata.
Para orientación y asistencia provincial funciona la Secretaría de las Personas Mayores, con sede en 20 de Febrero 465, Salta capital, y teléfono 0387 2420331. Es un organismo provincial que también atiende situaciones del interior.
En Salta capital, el 147 es el canal que publica la Municipalidad para denuncias por maltrato, abuso o vulnerabilidad. Para consultar sobre habilitación y supervisión, los teléfonos son 0387 4160900, interno 1006, de 8 a 14; y 3872155050. Las oficinas están en avenida Paraguay 1240.
Qué pasa con los residentes si clausuran el lugar
Una clausura debe contemplar qué ocurrirá con cada persona alojada. La Ley 8.221 prevé derivaciones ante situaciones de alto riesgo, pero no identifica en ese artículo un único responsable operativo del transporte para todos los casos.
Como criterio de protección, una intervención debe precisar quién organiza el traslado, cuál es el destino y cómo continúan la medicación, la alimentación y los cuidados, respetando la voluntad y la situación de la persona mayor. Para Campo Quijano queda pendiente verificar el protocolo aplicable y cómo se distribuyen esas tareas.
Antecedentes recientes
El 15 de julio de 2025, Que Pasa Salta informó sobre la clausura de La Residencia, en Salta capital. Al día siguiente, el Ministerio Público Fiscal precisó que investigaba una posible violación de sellos: el establecimiento había seguido funcionando pese a la clausura. Se informó una detención y exámenes médicos a los 16 residentes. Esa comunicación no acredita una condena por maltrato.