Denunciaron irregularidades en el retiro de un bebé y ahora cuatro diputadas las escucharán

Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, la pareja de Rancul que tuvo bajo su cuidado a un bebé y denunció irregularidades en el operativo de retiro, se reúne este martes con la comisión investigadora de la Cámara de Diputados de La Pampa. La ronda con las legisladoras es clave: el cuerpo que integran cuatro diputadas intenta determinar si hubo irregularidades o delitos en el procedimiento administrativo que rodeó la entrega y el retiro del niño.

La comisión está presidida por Sandra Fonseca (Comunidad Organizada) y tiene como vicepresidenta a Silvia Larreta (FreJuPa). La completan Gisela Cuadrado (UCR) y Noelia Viara (PRO-MID). Según informaron, su tarea no es revisar el proceso de adopción ni las decisiones del Poder Judicial, sino analizar las circunstancias y los procedimientos administrativos de los organismos provinciales, y eventualmente deslindar responsabilidades institucionales.

Un caso que dividió aguas

El conflicto nació cuando la pareja, que había recibido al bebé el 20 de marzo de 2026 —tenía dos meses— dentro del programa de Familias de Contención, pidió quedarse con él y reclamó su guarda con fines de adopción. La Justicia rechazó todos sus planteos y ordenó avanzar con el proceso adoptivo a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUA).

El 29 de junio, la Justicia declaró al bebé en estado de adoptabilidad y pidió al RUA-La Pampa el listado de familias en condiciones de adoptarlo. La pareja había firmado el mismo 20 de marzo un acta-convenio en la que aceptaba las condiciones del programa: que no podía convertirse en adoptante del niño y que la Dirección de Niñez podía disponer su retiro si se incumplían las obligaciones asumidas.

El retiro y la denuncia

El 7 de septiembre, la Dirección de Niñez fue a retirar al bebé. Díaz y Pizzani se negaron a entregarlo esa mañana en la sede del organismo. Por la tarde, cuando volvían a Rancul, fueron demorados por la Policía en Castex. Finalmente acordaron regresar a Santa Rosa y el bebé fue entregado después de las 18.30 a la familia adoptiva seleccionada por la Justicia.

La familia denunció luego que el operativo fue violento, que hubo un engaño para hacerlos concurrir a la sede de Niñez y que no les permitieron despedirse del bebé. El Gobierno, en tanto, sostuvo que la intervención de Niñez fue como auxiliar de la Justicia y que se buscó la situación "menos violenta" posible, según el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez.

La Justicia y la Defensoría

La Cámara de Apelaciones consideró que la pareja tenía una "imposibilidad de origen" para adoptar porque no estaba inscripta en el RUA, y que el acta-convenio era clara sobre la transitoriedad del programa. Los jueces rechazaron los planteos de inconstitucionalidad y los recursos posteriores, incluido el extraordinario federal, declarado inadmisible por el STJ el 7 de septiembre. La familia aún puede intentar una queja ante la Corte Suprema, aunque eso no significa que el caso ya esté en ese tribunal.

La Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación también opinó en el expediente. En un documento del 21 de julio firmado por Sebastián Medina, señaló que la pareja ya había participado en otros dos acogimientos que terminaron con los niños en familias adoptivas del RUA, y afirmó que "son los adultos quienes en este caso han experimentado un deseo de apropiarse de este niño".

Mientras la Justicia sigue su curso, la comisión de diputadas escuchará este martes a la familia. El eje será el operativo de retiro y las presuntas irregularidades administrativas que denuncian.